Análisis de la Ley General de Educación (aLGE): Introducción

Posted on mayo 31, 2008

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Varios colegios ya se han sumado a la trinchera de luchas por la educación pública. Y en esta hora, de movilizaciones complejas, quiero comenzar una serie de artículos sobre qué es la LGE, cómo se diferencia de la LOCE, qué cambios introduce y, lo más importante, si el proyecto que discuten nuestros parlamentarios y que es vendido como un acuerdo histórico en materia educacional ayudará al incremento del nivel educativo nacional, o si no lo hará.

Como mucha gente que ha seguido el proceso de movilizaciones desde 2006 sabe, la LGE obedece a un acuerdo político entre fuerzas de la Concertación de Partidos por la Democracia y la Alianza por Chile, acuerdo que, si bien tiene su inspiración en el proceso de movilizaciones que se siguió en 2006, finalmente mutó en un acuerdo entre las cúpulas de los partidos políticos con representación parlamentaria, como el gobierno se ha encargado de repetir. No es, por tanto, un acuerdo que se haya discutido con los estudiantes, defecto que, por sí solo, le quita legitimidad.

Si bien la LGE no contempla una prohibición al lucro ni satisface las demandas que los estudiantes plantearon en 2006, al menos tiene la ventaja, comparada con la LOCE, de no ser abiertamente antidemocrática ni fascista, como se demostrará en los sucesivos capítulos de este análisis. Por lo tanto, no podemos decir que la LGE sea “la LOCE con otra cara”. Como se verá, la LGE sí es un avance respecto de la LOCE, pero no es un avance que solucione los problemas de educación del país, ni es un avance que ayude mucho a mejorar la equidad en el acceso a educación de calidad. Todo lo dicho se demostrará luego, en los capítulos posteriores de este análisis.

Antes de comenzar el análisis, hemos de dejar claro que la LOCE, así como la Ley General de Educación, son leyes orgánicas constitucionales, que como tales, deben estar de acuerdo con lo que diga la Constitución. Y lo que dice la Constitución, en materia educacional, es lo siguiente (según el último texto constitucional).

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

10º. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya requisito para el ingreso a la educación básica.
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;

11º. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.
La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.
Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;”

Como se ve, hay varias claves que es necesario puntualizar.

  1. La obligación del Estado no es una obligación de mantener un sistema educacional público, ni en enseñanza parvularia, ni en enseñanza básica, ni en media, ni mucho menos en enseñanza superior. La obligación estatal consiste en financiar un sistema gratuito para la enseñanza parvularia, la enseñanza básica y, gracias a una reciente indicación votada por todos los diputados con la patética honrosa excepción del futuro presidente de la UDI, José Antonio Kast, la enseñanza media. Esta situación se cumple sobradamente con las leyes que existen.
  2. La función de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, es determinar los requisitos mínimos que se aplican en la enseñanza básica y media, y determinar los requisitos para reconocer establecimientos educacionales de todo nivel. Esta es la función que tiene que ser cumplida por la LGE, función que puede ser cumplida de muchas formas.
  3. Si la libertad de enseñanza incluye el derecho a abrir y mantener colegios, y no tiene otras limitaciones que las que establecen los abstractísimos conceptos de moral, buenas costumbres, orden público y seguridad nacional, una primera lectura nos diría que hasta los mecanismos de control que establece la LGE, que son precarios para lo que el movimiento estudiantil está pidiendo, son inconstitucionales. Sin embargo, esta lectura es falsa, como demostraremos en los sucesivos capítulos de este análisis.
  4. El Estado tiene una obligación respecto de las artes, de la cultura y de la investigación que es de fomento y estímulo. No existe una política dirigida desde la Constitución que obligue al Estado a financiar centros de investigación, y las decisiones sobre artes y cultura están supeditadas a acuerdos y triquiñuelas político partidistas.
  5. Las obligaciones del Estado en materia de educación superior no son muchas, y son bastante menores que sus obligaciones en materia de enseñanza básica, media y superior. Como lo expusieran autores como María Olivia Mönckeberg, la laxa regulación que en esta materia ha impulsado la LOCE con el abierto permiso de la Constitución ha originado una situación trágica, donde cada grupo de poder tiene su universidad y donde la pelea de todos los grupos de poder para exterminar el concepto mismo de universidad pública, estatal y gratuita, es posible. Sin una universidad gratuita, pública y estatal corremos un riesgo tremendo, que es el quedarnos sin universidades libres, esto es, universidades donde sus sostenedores no impongan un control acerca de lo que deben pensar sus alumnos, de qué posición política deben tener, o de qué postura deben demostrar para progresar en las aulas. Las consecuencias de la pérdida de libertad de las universidades pueden ser trágicas.

La Constitución no es una guía inamovible. Las exigencias constitucionales en este terreno son mínimas, lo que significa que una Ley Orgánica Constitucional de Educación, Ley General de Educación, o como se llame, puede innovar en esta materia. Sin embargo, la LGE, como veremos, no va mucho más lejos que lo que establece la Constitución, limitándose a establecer mecanismos de control administrativo sobre los fondos entregados, a aumentar los requisitos para ser sostenedor de colegio, y a cambiar las reglas del juego en cuanto a giro de las empresas educacionales, sin extraer la educación del ámbito de las actividades económicas. Como veremos también en un futuro artículo, la concepción de la educación como una actividad económica es inaceptable de acuerdo con normas del orden público económico.

Esta es sólo una introducción a lo que se hará, un análisis completo de la LGE. Así que, manténganse sintonizados y en sus puestos de combate, en las tomas y en los laboratorios de computación de los colegios y facultades tomadas. Esta es energia:radical, actuando en el campo de batalla de la educación.

Actualización: Muchos sitios están vinculándose a esta introducción. Ella no es todo el análisis. Aquí va una tabla de contenidos con las partes analizadas.

Tabla de Contenidos: Análisis de la LGE.

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