Frente a la Ley General de Educación, ¿qué debe hacer un radical?

Por Juan Montecinos.
Egresado de Derecho.
Militante del Grupo Universitario Radical de la Universidad de Chile.

Como es de público conocimiento, en estos días se tramita en el Congreso Nacional la Ley General de Educación que vendría a remplazar a la normativa existente impuesta por el Régimen Militar. La Ley General de Educación tiene como objetivo instaurar un nuevo marco jurídico que diera cabida a una profunda transformación al actual sistema educacional chileno.

La presente declaración se basa en lo que ha sido la Educación históricamente en Chile, la configuración del actual sistema Educacional, demandas estudiantiles y otras organizaciones sociales actuales desde la Revolución de los Pingüinos a la fecha y principios que debe tener el PRSD frente al tema educacional.

En este sentido y a modo de breve repaso histórico, se debe decir que la educación en Chile hasta la década de 1980 fue una actividad desarrollada principalmente por el Estado. Si bien las escuelas privadas siempre existieron, estas respondieron a la lógica de respetar el derecho que tienen los padres a que, dentro de la institucionalidad vigente, pudiesen optar a dar sus hijos una orientación educacional diferente, como lo es, por ejemplo, querer entregar una educación basada en una creencia religiosa determinada y no una laica, que es la que por su naturaleza le corresponde dar al Estado. Ahora bien, dentro de este mismo concepto, las escuelas particulares fueron subvencionadas, pero no para que hicieran negocio de ello, sino como ayuda económica para que los padres tuvieran la opción de optar por una educación diferente, pero nunca de una forma paritaria, puesto que se entendía que la principal obligación del Estado era hacerse cargo de la Educación Pública.

Ahora bien, la dictadura militar decidió intervenir lo que entendió no como “el sistema educacional” sino
como “el mercado de la educación”, frase que no es antojadiza, si se considera que dentro de las razones para segregar la Universidad de Chile, estuvo que esta constituía un “Monopolio Educacional”, e introdujo un concepto, novedoso, por decirlo de alguna forma a fin de asegurar la calidad de la educación, nos referimos al concepto de la “competencia”. De esta forma, el hecho de que los agentes que participasen en el mercado de la educación compitieran, fomentaría el desarrollo de calidad para ser atractivos en el mercado.

Cabe agregar que estos agentes educacionales obligados a competir no serían solo privados, sino también las escuelas públicas, de esta forma se igualó el aporte monetario a los colegios hechos por el Estado, otorgándose ahora por alumno matriculado con asistencia efectiva a clases, debiendo las Municipalidades competir por captar alumnos con los Colegios Particulares Subvencionados.

Sin entrar a discernir sobre la efectividad de la competencia como elemento gatillante de eficiencia y calidad dentro de la producción de un bien o servicio determinado, la pretensión de aplicarlo a la educación, constituye la aplicación de un principio llevado a su extremo de forma irracional, y poniéndolo por encima de cualquier otra consideración, no atendiendo en definitiva a una serie de variables necesarias de afrontar cuando se plantea la cuestión educacional, no obstante nuestro actual sistema educacional se sigue basando sobre el concepto de la competencia, la que genera a grandes rasgos, graves situaciones que no van de la mano con los objetivos que debe tener la nación cuando implementa un sistema educacional racional al servicio del país entero.

La Competencia como concepto supone en si misma desigualdad, es propio cuando se compite que uno va ganando y otro va perdiendo, uno tiene el primer lugar y otro el último, por lo tanto aplicar este concepto a los establecimientos educacionales supone que hay establecimientos mejores y otros peores, no supone igualdad. Es absolutamente atentatorio, aún en los sistemas democráticos liberales, consagrar esta situación, puesto que aún en ellos se plantea como principio básico la igualdad de oportunidades, eliminarla dejando la suerte de la persona atada a las herencias de cuna, no es otra cosa que entrar en un sistema de clases.

Si el Estado no se hace cargo de las diferencias de la situación económica, social o cultural de los padres, al menos debe hacerse cargo de la Igualdad en la Educación a fin de propender a asegurar la igualdad de oportunidades en los hijos.

Los agentes económicos lo que persiguen es la utilidad monetaria, un establecimiento educacional en Chile es viable en la medida que sea económicamente rentable, por lo tanto la calidad a la que aspire ese establecimiento educacional esta dada por la que lo haga económicamente rentable, es decir la que le permita tener alumnos suficientes atraídos por la razón que sea, a fin de que los ingresos sean mayores que los insumos.

Hoy en Chile el Estado le dice a los particulares subvencionados, que se consigan un buen número de alumnos convenciéndolos de matricularse en su colegio, y él se los financia y de paso le hace rentable su establecimiento. ¿Por qué han de matricularse en ese colegio y no en otro?, no necesariamente por calidad, sino por la razón de marketing que sea.

Creemos con esto, frente a los que dicen que abogar por el fin del lucro es una cosa ideológica, haber dado una razón técnica.

En la Municipalización, al igual que en la competencia, se trató de llevar el principio de la descentralización a límites irracionales. Históricamente los colegios fiscales dependieron del Estado casi en conexión directa de los establecimientos con el Ministerio de Educación, posiblemente dicho organigrama administrativo no fuera el más óptimo para la administración de los establecimientos del Estado al producir en la medida que la cobertura educacional se fue expandiendo una excesiva concentración y centralismo frente a una actividad que se desarrolla en todo el territorio.

Sin embargo la solución fue que el Estado simplemente se desligara por completo de la administración de los colegios, entregándosela a entes autónomos de extensión territorial reducida en algunos casos o extensión poblacional reducida en otros, que tienen además realidades muy disímiles entre sí, quedando la suerte del establecimiento condicionada a la realidad del municipio así como a los vaivenes de la política local. Además, la perspectiva de obtener una educación pública de calidad en muchos casos condicionada también a las capacidades económicas de dichos municipios. Nuevamente se atenta contra el principio democrático de la igualdad aún en sus concepciones mas liberales, puesto que ni siquiera se asegura la igualdad de oportunidades.

De paso se rompió con el espacio público que constituyeron en la mayoría de las ciudades de Chile los liceos del Estado.

La realidad antes descrita, además de otros textos, quedó definitivamente plasmada en una de las últimas leyes del Régimen Militar conocida como la LOCE, y en la medida que fueron pasando los años, la crisis del sistema educacional chileno se hizo evidente.

Así, y vale la pena resaltarlo, la necesidad imperiosa y urgente de la creación de una nueva ley, no nació de la discusión de la clase política ni de las presiones de los distintos grupos fácticos que operan en Chile, sino que por el contrario, provino del los movimientos sociales con sustrato real en lo que es el Pueblo de Chile, a través del movimiento estudiantil del año 2006, denominado “La Revolución de los Pingüinos”.

Dicho movimiento puso en la discusión pública la crisis educacional chilena, pero no se quedaba solo en ello, sino que además proponía terminar con el sistema educacional instaurado por Pinochet, terminar con la municipalización y volver la función educacional pública al Estado, teniendo este atención preferente hacia ella, y el fin del lucro de los establecimientos privados, más aún si es a costo del Estado, frente a la actividad educativa.

Cabe agregar a ello que desde el regreso de la democracia, los movimientos universitarios han abogado en una dirección similar, a fin de terminar con el desprendimiento del Estado de sus Universidades, y con el lucro en la entrega de títulos que repercute en muchos casos en profesionales de baja calidad, y entre ellos los profesionales que ejercen la función docente, quienes también han sido víctimas de la pésima formación docente que les da el actual sistema.

El actual gobierno terminó por recoger y validar la inquietud, proponiéndose como tarea prioritaria proponer cambios en el sistema educacional. Sin embargo, demostró no tener ningún proyecto país de educación. ¿Solución? Decidió crear el “Comité Asesor Presidencial de Educación” a fin de que formulara un proyecto, y en ese momento se pierde parte importante de lo que fueron las demandas de cambios profundos, puesto que se invitó a participar a “todos los actores involucrados”. Estaban los estudiantes, los profesores, pero la gran mayoría, eran los actores del mercado de la educación, quienes obviamente no podían configurar un sistema muy distinto que aquel que les había permitido nacer y que les daba las condiciones necesarias en términos económicos de subsistencia.

Por último, la negociación política con La Derecha, vino a configurar un sistema que salvo discretos avances, no cambiaba en lo sustancial el marco educacional dado por la LOCE que ahora estaría dado por la LGE. Desde esta perspectiva podemos aseverar que las demandas nacidas en “La Revolución de los Pingüinos”, no fueron en definitiva escuchadas por el gobierno, por mucho que se quiera hacer un análisis procedimental de la formación de la ley, claramente los que hicieron escuchar su clamor mediante multitudinarias protestas, terminaron en condición, por decisión presidencial, de minoría en las instancias decisorias y definitivamente inexistentes cuando se hicieron las negociaciones políticas.

Por tanto hoy, durante el trámite legislativo en el congreso, no se les puede exigir que acaten un modelo de educación que nada tiene que ver con el que querían cuando perdieron horas de clases, fueron brutalmente mojados, apaleados, detenidos, intoxicados con gases tóxicos, horas de desgaste y cansancio, y que sin embargo les dejaba la frente en alto por sentir que habían hecho algo importante que influiría  ustancialmente en el futuro de nuestro país. Hoy frente a la LGE, están con legítimo derecho en las calles de nuevo. No tienen líderes visibles, no tienen petitorio común, no tienen una orgánica transversal, sino que exactamente por ello, son la expresión más evidente que los cambios demandados son un clamor y sentir arraigado profundamente en el alma nacional.

Lo que a los correligionarios compete es la pregunta ¿Qué hace un radical frente a esto?. La primera afirmación es que la educación de calidad y pública es una de las luchas históricas mas inherente al Radicalismo, algo con lo que se le identifica. Este no es un partido inmaculado, tiene una historia
gloriosa, las más larga del Chile Republicano, pero también muchas cosas de que arrepentirse, pero si hay algo de que no se le puede objetar es no haber estado siempre defendiendo la educación, de calidad, pública, laica de la mano del Estado, al servicio de todos los chilenos y del país, no de quien quiera tener una ganancia individual de ella.

Ante una LGE que consagra los mismos marcos básicos que la LOCE: municipalización, desvinculación del Estado, calidad según sea el resultado de las leyes del Mercado, Concepción individualista de la enseñanza, etc., cosa que como hemos dicho no se acepta ni aún en las democracias más liberales, menos se puede aceptar en un partido afiliado a la Internacional Socialista y que ha hecho causa propia la cuestión social, en este sentido, si esos van a ser los marcos fundantes de nuestro sistema educacional, es preferible que sea la obra de la Junta Militar de Gobierno, y no de, entre otros, del Partido Radical.

Junio 16, Santiago 2008.