La nueva dirección es (coincidentemente con el nuevo enfoque):

http://energiaradical.wordpress.com

Vamos con todo.

El principio de subsidiariedad, que a mucha gente que no sabe Derecho le parecerá chino mandarín, consiste en un principio sacado de la encíclica Quadragessimo Anno, de Pío XI, e incorporado a la Constitución de 1980 a través del trabajo de Jaime Guzmán Errázuriz. Si bien ese principio, en la encíclica, aparece como un principio mediante el cual toda sociedad mayor debe autolimitarse en favor de toda sociedad menor, en la Constitución chilena aparece como un principio que no tiene nada que ver con eso. Arturo Fermandois lo define como un principio que le impone ciertas limitaciones al Estado para actuar.

Como se ve, este principio ha guiado la interpretación constitucional en materia educacional. Pero no basta aquí con cacarear como loro sobre “el principio de subsidiariedad, Pinochet y la dictadura”, falla que ha tenido por larguísimo tiempo el movimiento estudiantil. Vamos a desmenuzar todo el entramado que nos mantiene presos en un sistema de educación privada. Atentos al próximo post.

P.S. Me estoy aprovechando largamente del trabajo investigativo que he desarrollado para mi memoria al hacer esto. La licencia de todas las contribuciones a este blog es CC-BY 3.0, lo que significa que se puede hacer lo que se quiera con lo que aquí sale, siempre y cuando se cite a la fuente.

Agradezco las visitas de muchas personas que mantienen este espacio en niveles saludables de visitas, a pesar de su poco mantenimiento. Este blog comenzará a tener temas más variados, pero siempre moviéndose en torno a mis intereses, más que todo, jurídicos, grandemente influenciados por el tema de mi memoria. Espero también que la comunidad de blogs jurídicos vuelva a tener un crecimiento, luego de la muerte de Iurisprudentia.

Terminando esta breve introducción al nuevo periodo de energia:radical, quiero pasar el comercial de la nueva sangre que mueve a mi computador, el sistema de software libre GNU/Linux. Aprovechando la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, quiero recordar que, gracias a las obligaciones que adquirió el Estado chileno con el TLC con Estados Unidos, las restricciones a la propiedad intelectual establecidas por medios tecnológicos comenzarán a ser impuestas con mucha más fuerza. Los esquemas de validación de Windows y la transmisión constante de datos personales a las compañías borran para siempre la idea misma de privacidad.

El software libre no es un tema para ñoños sin remedio, sino que es un remedio eficiente contra las infracciones a la privacidad, y asegura que, mediante la disponibilidad del código fuente de los programas, se pueda cercenar de ellos todo el código que violente derechos fundamentales recogidos en la Constitución. No sólo es un tema computín, sino que es un tema jurídico de la máxima importancia, y lo recomiendo, sobre todo ahora, que es mucho más fácil de usar y de instalar que nunca.

Para aquellos que han hecho de la academia una de sus opciones de vida y tienen un real compromiso con la Universidad de Chile, es ineludible tomar todas las medidas necesarias para lograr un entendimiento entre las partes que, pese a sus divergencias, tienen posiciones coincidentes en torno a los lineamientos que debe seguir nuestra facultad.

Por la presente declaración recogemos los planteamientos contenidos en la carta elaborada con fecha 5 de mayo y firmada por algunos profesores de nuestra facultad. Tales académicos, acertadamente, han señalado en cuatro grandes acápites, a los que adherimos, los problemas que nuestra facultad debe debatir y resolver.

Nosotros agregamos a lo ya señalado, la necesidad del restablecimiento urgente de la institucionalidad interna de la facultad, la que deberá servir de cauce en la apertura del diálogo entre los miembros de la comunidad universitaria.

Los puntos a los cuales adherimos de la referida carta son los siguientes:

I. Docencia

1. Implementación de una estrategia de desarrollo docente, conforme a la exigencia estatutaria de nuestra Universidad.

2. Regularización del claustro académico, normalizando la situación de los profesores invitados y aquellas de los profesores que, formando parte del claustro, no realizan labores académicas permanentes en la facultad.

3. Integración a este proceso de regularización a los académicos que imparten docencia en la Escuela de Graduados.

4. Revisión de los actuales procedimientos de calificación docente, con miras a profundizar su transparencia y objetividad.

5. Definición de la forma de implementar la carrera académica docente, conforme a la exigencia estatutaria de nuestra Universidad.

6. Suspensión del llamado a concurso efectuado el 19 de abril del 2009, mientras no se defina una estrategia de desarrollo docente conforme a la exigencia estatutaria de nuestra Universidad.

II. Investigación

1. Definición de una estrategia de desarrollo de investigación conforme a la exigencia estatutaria de nuestra Universidad. Dicha estrategia debe incluir la definición de líneas de investigación.

2. Política de formación académica de investigadores jóvenes.

3. Estrategia de contratación de investigadores estables.

4. Sistema de incentivos económicos e institucionales a la publicación.

5. Sistema de fondos concursables internos.

6. Política de incentivos a la postulación a fondos concursables externos.

7. Plan de inversión en libros, revistas nacionales e internacionales y bases de datos.

III. Extensión

1. Política de difusión del conocimiento como eje esencial de nuestra misión pública.

2. Plan de fomento a la organización de actividades de extensión de excelencia, tales como seminarios y visitas de profesores destacados.

3. Creación de una revista indexada de la Facultad.

4. Revisión de la actual política de distribución de los ingresos provenientes de actividades de extensión (especialmente diplomados), aplicando estándares de transparencia y ecuanimidad en sus criterios.

5. Políticas de información y transparencia a la comunidad, mejorando las herramientas existentes.

IV. Gestión institucional

1. Definición de una estructura organizacional que permita el adecuado cumplimiento del PDI de la facultad.

2. Creación de una instancia anual de reflexión y revisión entre todos los miembros de la comunidad de la Facultad. En particular, para los efectos de evaluar progresos en la implementación del PDI de la Facultad.

3. Establecer estándares de transparencia que, consistentes con nuestro carácter de Universidad pública, sean del más alto nivel, en especial en lo que concierne a la toma de decisiones.

4. Participación con derecho a voto de los Centros de Investigación, en el Consejo de Facultad, de acuerdo a los estatutos.

5. Establecimiento de un procedimiento de rendición de cuentas de todas la unidades de la Facultad (financiera y de actividades académicas ejecutadas y proyectadas).

Tenemos la convicción que deberá primar la cordura y la legalidad, y que las vías y proposiciones para abrir el diálogo, serán coincidentes con el pensamiento de la mayoría de los profesores que forman parte de nuestra facultad.

JUAN AGUSTÍN FIGUEROA YAVAR

BERNARDINO BRAVO LIRA

RAFAEL GÓMEZ BALMACEDA

XIMENA GUTIÉRREZ ROSA

ANTONIO DOUGNAC RODRÍGUEZ

ARTURO PRADO PUGA

CARLOS POBLETE GIMÉNEZ

ROSA MARÍA MENGOD GIMENO

RAFAEL CRUZ FABRES

JUAN EDUARDO VARGAS CARIOLA

FRANCISCO MORAGA MANTEROLA

FERNANDO QUINTANA BRAVO

MARIO RAMÍREZ NECOCHEA

MANUEL MONTT DUBORNAIS

ALVARO FUENTEALBA HERNÁNDEZ

ERIC PALMA GONZÁLEZ

MARÍA EUGENIA MONTT RETAMALES

JORGE DRAGO MORALES

CLAUDIO PALAVECINO CÁCERES

RICARDO JURI SABAJ

MARÍA CRISTINA GAJARDO

RAÚL MONTERO LÓPEZ

CRITIAN MATURANA MIQUEL

MARÍA DORA MARTINIC GALETOVIC

ANA LUISA PRIETO PERALTA

MIGUEL OTERO LATHROP

JAIME JARA SCHNETTLER

MARTA HERRERA SEGUEL

JUAN PABLO POMES ANDRADE

RAÚL TAVOLARI OLIVEROS

CRISTIAN QUINZIO SANTELICES

Tengo mi examen de grado el día 12 de Mayo. Junto con pedirles a quienes todavía siguen este desactualizado (pero en pronta actualización) blog, desearme suerte para aquel día, quiero contarles de algo que encontré, en plena preparación de cédula. Mi tema será “El Control Jurídico de la Administración del Estado”, y buscando en Internet material, me encontré con esto. Totalmente válido para continuar el análisis, esta vez, de la Superintendencia de Educación.

Vamos al grano. Este dictamen de Contraloría fue el resultado de una presentación que se hizo por el Gobierno al momento de presentar el proyecto de ley que crea la Superintendencia. No lo he leído (porque estoy en frenética preparación) pero sí lo copiaré y pegaré, para ustedes.

SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CRÉA LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION.-

SANTIAGO, 29 de agosto de 2007.

La Contraloría General de la República cumple con emitir su parecer acerca del Proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Educación, el cual fuera remitido por la Presidenta de la República al Senado por Mensaje N° 216-355, de 23 de mayo pasado, y que se encuentra actualmente en estudio en esa Honorable Comisión. El presente informe tiene dos objetivos primordiales. Primero, el de comentar las disposiciones del proyecto que proponen la intervención físcalizadora de la aludida Superintendencia de Educación en ámbitos orgánicos y funcionales que el ordenamiento jurídico vigente somete al control de esta Entidad Fiscalizadora Superior. Luego, el de expresar su opinión acerca de la cuestión -no menos importante- que se suscita en torno al tratamiento normativo que prevé el proyecto con respecto al régimen de fiscalización a que estaría afecto dicha Superintendencia, atendida su condición servicio de la Administración del Estado sujeto, por imperativo del artículo 98 de la Constitución Política de la República, al control jurídico y financiero de la Contraloría General.

Adicionalmente, al final de este informe, se ha estimado pertinente un apartado que incluye, a título ejemplar, algunas de las imprecisiones que se observan en el texto analizado.

Para mayor claridad de lo que se

expresará en este oficio, la Contraloría General cree indispensable hacer previamente, desde su punto de vista, una mención general de algunos aspectos generales del proyecto.

1. Algunos aspectos significativos del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación.

El mensaje del Gobierno propone crear una Superintendencia de Educación, que es concebida por el artículo 1° del proyecto como “servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio” e “institución físcalizadora en los términos del DL N° 3551, de 1980″.

El artículo 2° prevé como objeto principal de la Superintendencia el de “evaluar y fiscalizar que los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, en los niveles parvulario, básico y medio, cumplan con los estándares establecidos por el sistema educativo”. Si bien el objeto así definido pareciera decir de una competencia orientada a supervigilar la efectiva sujeción de los establecimientos educacionales a determinados estándares técnicos de calidad en el orden pedagógico, otras normas del proyecto evidencian la idea de dotarlo de atribuciones fiscalizadoras importantes en materias relacionadas con la actividad financiera de los sostenedores públicos y privados del sistema educacional.

Para estos últimos efectos, el proyecto reconoce a la Superintendencia atribuciones físcalizadoras generales -artículo 3°, número 4°- y específicas en el orden de las auditorías de la gestión financiera y del examen de las rendiciones cuentas que los sostenedores públicos y privados del sistema educacional le deben rendir -artículo 3°, números 5 y 6, entre otros. También la dota, entre otras, de atribuciones interpretativas -artículos 3°, número 15, y 44, letra g-investigativas -artículo 3°, número 11, entre otros- y sancionadoras -artículo 3°, número 14, entre otros- de importancia. En el orden de las auditorías e investigaciones que acometa, se le confieren amplísimas potestades para acceder libremente a los establecimientos educacionales, a las dependencias administrativas del sostenedor y a la documentación de propiedad del sostenedor o de los “terceros que administren y presten servicios a los establecimientos educacionales” -artículo 3°, números 7 y 8. Puede la Superintendencia aplicar sanciones que en su grado más severo contemplan la de “revocación del reconocimiento del establecimiento educacional” (artículo 23, letra d).

Con motivo de este sucinto comentario, es imprescindible destacar que, no obstante la importancia de la Superintendencia que se prevé, el proyecto propone, que esté sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos” (artículo 54). Para reclamar de los actos de este servicio, el proyecto contempla la sola instancia jurisdiccional (artículo 56).

2. Cuestiones relacionadas con la función físcalizadora de la Contraloría General con respecto a los sostenedores de establecimientos educacionales.

Como ya se ha dicho, el proyecto de ley confiere a la Superintendencia atribuciones tanto en las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los estándares de calidad de la educación y la normativa técnica pedagógica que los sostenedores de establecimientos de enseñanza financiados en todo o en parte con recursos públicos, deben cumplir, como también en lo que concierne a la administración de dichos recursos, con cuyo motivo estaría facultada para disponer auditorías de su gestión financiera y exigirles que rindan cuenta de los fondos respectivos.

Así, por ejemplo, el artículo 3°, otorga atribuciones a la Superintendencia, en su número 5, para “ordenar auditorías a la gestión fínaciera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos”, en su número 6, para “fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores educacionales y exigir rendición de cuentas de los mismos”. El párrafo 3° del Título I del proyecto -De la Rendición de Cuentas- regula con mayor minuciosidad sus pertinentes atribuciones.

Las atribuciones que el proyecto de ley reconoce a la Superintendencia en materia de control financiero, colisionan ciertamente con las de la Contraloría General, órgano autónomo al cual el artículo 98 de la Carta Fundamental encomienda, además del control de legalidad de los actos de la Administración, la fiscalización de la inversión de los fondos del Fisco y de las Municipalidades, entre otros entes, y le otorga para tal efecto atribuciones para los efectos de controlar financieramente, con énfasis variable, el uso de los recursos públicos correspondientes, a lo menos para verificar que con motivo del gasto respectivo se ha cumplido la finalidad prevista por la ley. Diversas disposiciones del ordenamiento complementan, en lo que interesa, la norma constitucional. Así, las de la propia Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General, que en sus artículos 7°, 16 inciso segundo 21 A y 25, hacen procedente que el Ente Contralor intervenga para verificar la regularidad de las operaciones financieras en distintos ámbitos del sector público y del privado. También la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, aprobada por decreto ley N° 1.263, de 1975, reconoce a la Contraloría General amplias atribuciones fiscalizadoras en el ámbito de los órganos y servicios públicos. En fin, el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades -N° 18.695- le otorga especiales atribuciones para controlar las operaciones financieras de “las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales de cualquier naturaleza”.

Dicho vasto marco normativo permite a la Contraloría General de la República ejercer atribuciones en todo el ámbito de sostenedores públicos y privados del sistema educacional que reciben aportes estatales, a los cuales este proyecto pretende someter en esta materia a la fiscalización de la nueva Superintendencia.

Esta realidad adquiere connotación todavía más severa, si se considera que diversas disposiciones del proyecto confieren, además, a la Superintendencia de Educación, atribuciones para emitir pronunciamientos jurídicos e instrucciones obligatorias. De acuerdo con el artículo 3°, número 15, le correspondería “fiscalizar e interpretar administrativamente las disposiciones legales, reglamentarias y las demás normas que rigen la prestación del servicio educativo, cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general en el sector sujeto a su fiscalización”. Por su parte, el artículo 45, en su letra g, confiere facultades al Superintendente para “interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas, elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento”. Dada la competencia físcalizadora de carácter financiero que el proyecto propone para la Superintendencia, es razonable entender que tal atribución para emitir pronunciamientos interpretativos e instrucciones podría extenderse a dicho orden de materias, lo cual sería incociliable ciertamente con las que la Contraloría General tiene para emitir dictámenes e instrucciones sobre el particular.

Para precisar la situación en que se encuentran los sostenedores de establecimientos educacionales con respecto a la fiscalización de la Contraloría General, corresponde considerar la distinta naturaleza de sus sostenedores. Por una parte, están los servicios de educación prestados directamente por las Municipalidades a través de sus Departamentos de Educación. Además, están los establecimientos educacionales administrados por corporaciones municipales. En fin, existen establecimientos privados administrados por sostenedores del sector privado que reciben subvenciones o aportes estatales.

i. En lo que atañe a los establecimientos de educación que fueran traspasados a las municipalidades al amparo de lo dispuesto en el en el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, es preciso tener presente que ellos se encuentran integrados en las respectivas municipalidades como dependencias suyas. Por tal motivo, la Contraloría General ejerce en este ámbito una fiscalización jurídica y financiera amplia, solamente circunscrita por la exclusión del régimen de control preventivo que afecta a los municipios. Ello significa que en dicha esfera no sólo tiene atribuciones en lo pertinente al control financiero mediante la auditoría, el examen y el juzgamiento de las cuentas, sino que también para utilizar los demás instrumentos de control de legalidad de que dispone. Entre dichos instrumentos se encuentran, por cierto, los dictámenes e instrucciones jurídicas que este Organismo Contralor emite con carácter obligatorio en el ejercicio de sus funciones.

ii. Con respecto a los establecimientos de educación administrados por corporaciones municipales, debe recordarse que estas corporaciones son fiscalizadas por la Contraloría General conforme al mandato contenido en el artículo 136 de la Ley Orgánica Constitucionalidad de Municipalidades -Ley N° 18.695-. Prescribe esta norma que “sin perjuicio de lo establecido en los artículo 6° y 25 de la Ley N° 10.336, la Contraloría General de la República fiscalizará las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera que sea su naturaleza, -…- con arreglo al Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, del año 1980, del Ministerio del Interior, o de cualquiera otra disposición legal, respecto del uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que requiera para este efecto”.

Se puede apreciar que la disposición aludida reconoce también en el ámbito de la administración de los recursos de estas entidades, amplias atribuciones de control financiero a la Contraloría General. Estas aparecen potenciadas por las que posee como consecuencia de la remisión que hace dicho precepto al artículo 6° de la Ley N° 10.336, Ley Orgánica de esta Entidad Fiscalizadora Superior, que se refiere a la potestad de la Contraloría para emitir dictámenes jurídicos en las materias de su competencia, y específicamente para “informar sobre cualquier -…-asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la aplicación de las leyes respectivas”.

A juicio de este Organismo Contralor, el proyecto debería precisar con mucha claridad la improcedencia de que la Superintendencia de Educación pueda intervenir, por la vía del control financiero y del examen de cuentas, en el ámbito de los servicios educacionales administrados tanto por los Departamentos de Educación Municipal como por corporaciones municipales, sujetos a la intensa fiscalización de la Contraloría General de acuerdo a las disposiciones inequívocas que, de conformidad con la Constitución Política, prevé el ordenamiento sobre el particular. Como consecuencia de ello, no sólo debería estarle vedado a la Superintendencia realizar auditorías o examinar cuentas, sino que también emitir pronunciamientos o instrucciones jurídicas en estas materias.

La competencia de la Superintendencia de Educación, particularmente en estos sector, debería circunscribirse a los aspectos relacionados con los aspectos técnicos de orden educacional.

iii. Parecido criterio podría plausiblemente sostenerse con respecto a los establecimientos particulares que reciben o subvenciones estatales, ya que ellos están sujetos también a la fiscalización de la Contraloría General, y de manera específica, al régimen de fiscalización que señala el artículo 25 de la Ley N° 10.336 para los efectos de verificar la correcta inversión de los fondos públicos respectivos en lo que atañe al cumplimiento de la finalidad prevista por la ley autorizatoria.

Debe recordarse, por lo demás, que la asignación de los recursos pertinentes es verificada por la Contraloría General por la vía de la fiscalización del órgano que los asigna, esto es, el Ministerio de Educación.

A juicio de este Organismo Contralor, para que la fiscalización de orden financiero de la Superintendencia de Educación pudiera entenderse compatible con la que, en armonía con el artículo 98 de la Constitución Política, reconoce a la Contraloría General el artículo 25 de la Ley N° 10.336, sería imprescindible precisar normativamente de manera explícita que tal actividad deberá realizarse con sujeción a la superintendencia técnica de la Entidad Fiscalizadora Superior y sin perjuicio de sus atribuciones de control.

3. Cuestiones concernientes al régimen de fiscalización a que está sujeta la Superintendencia de la Educación en cuanto órgano de la Administración del Estado.

A continuación, este Organismo Contralor estima imprescindible destacar con especial énfasis lo relacionado con el régimen de control a que estaría sujeta la Superintendencia de Educación en caso de prosperar el proyecto de ley que se analiza. De acuerdo con su artículo 54, se prevé que la Superintendencia esté sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República “exclusivamente en lo que concierne al examen de cuentas de entradas y gastos”.

Cabe recordar nuevamente, en este

sentido, que de acuerdo con el artículo 98, inciso primero, de la Constitución Política de la República, la Contraloría General “ejercerá el control de legalidad de los actos de la Administración”, complejo orgánico este último del que pasaría a formar la Superintendencia de Educación en su calidad de servicio público descentralizado, en caso de prosperar este proyecto de ley. De ello resulta que la proposición legal aludida, en cuanto pretende excluir a los actos de dicho servicio administrativo del control de legalidad -y de los instrumentos del mismo en el orden del examen preventivo, de la facultad v He las acciones de auditoría de regularidad de las operaciones- se aparta drásticamente de la fórmula constitucional definitoria del sistema de poderes, competencias, limitaciones y controles recíprocos interorgánicos que es particular de la institucionalidad chilena, y vulnera concretamente la clara disposición que en materia de control de la actividad administrativa consagra e! mencionado precepto de la Carta Fundamental.

El propósito de excluir a los actos de la Superintendencia que se pretende crear, de la tutela físcalizadora de la Contraloría General, se vuelve a poner de manifiesto en el artículo 56 del proyecto, que parece privar a las personas de la posibilidad de reclamar ante este Órgano Contralor de las contravenciones administrativas que consideren lesivas de sus derechos o vulneratorias de los intereses colectivos.

La intención del proyecto de establecer, sin aparente justificación, un estatuto de fiscalización especial para la Superintendencia, se manifiesta, por lo demás, desde el punto de vista del control financiero, ya que el mismo artículo 54 sólo admite la intervención de Entidad Fiscalizadora Superior para los efectos del “examen de las cuentas de entradas y gastos”, locución cuyo empleo parece querer excluir la posibilidad del juzgamiento de esas cuentas, de acuerdo con lo prescrito también por el artículo 98 de la Constitución Política.

Lo anterior es, por lo demás, contradicho por el propio proyecto de ley, cuyo artículo 55 somete a la Superintendencia a las normas de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, aprobada por el decreto ley N° 1.263, de 1975. Es sabido, en efecto, que este cuerpo legal, al referirse en su Título V al Sistema de Control Financiero, contempla como elemento del mismo la participación de la Contraloría General, que tiene por objeto “fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que dicen relación con la administración de los recursos del Estado y efectuar auditorías para verificar la recaudación, percepción e inversión de sus ingresos y de las entradas propias de los servicios públicos” (artículo 52, inciso primero), como también examinar y juzgar “las cuentas de ¡os organismos del sector público, de acuerdo con las normas contenidas en su Ley Orgánica” (artículo 54 del decreto leyN° 1.263, de 1975).

La aludida Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado dota a la Contraloría General de importantes potestades para llevar a cabo sus funciones de control, que incluyen ¡a de formular observaciones y reparos a las cuentas (artículo 59 del decreto ley N° 1.263, de 1975), como asimismo las de suspender al empleado o funcionario responsable de la no entrega oportuna de las cuentas (artículo 60, inciso primero, del decreto ley N° 1.263, de 1975) y de retener las remuneraciones, desahucios y pensiones de quienes no hayan rendido su cuenta o cumplido reparos del Organismo de Control (artículo 60, inciso segundo, del decreto ley N° 1.263, de 1975).

Se advierte, así, que el régimen de fiscalización que el proyecto prevé para el servicio que pretende crear, no sólo se aparte del contempla la pertinente normativa constitucional, sino que es contradictorio con el sistema de administración y control financiero a que el propio artículo 55 del proyecto sujeta a la Superintendencia.

La excepcionalidad del régimen de control a que aparece sometida esta Superintendencia, parece un elemento altamente crítico en un servicio como éste, dotado de atribuciones y potestades tan importantes y exorbitantes como las que de paso se mencionaran en el apartado 1 de este informe, susceptibles de ser ejercidas tanto en el ámbito de actividades, establecimientos y recursos públicos y privados, muchas veces sin aparentes limitaciones significativas.

Se sugiere en esta parte someter a la Superintendencia de Educación a la plena fiscalización de la Contraloría General. No parecen haber razones que lo desaconsejen.

4. Aspectos varios de especial elevancia.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario hacer presente que el proyecto en análisis incurre en diversas imprecisiones e incongruencias. Entre ellas cabe cabe mencionar las que enseguida se señalan:

i. Es necesario destacar que en el

artículo 15 se confiere a la Superintendencia la potestad para instruir procesos de subvenciones, en circunstancias de que dicha atribución la posee el Ministerio de Educación, según lo prescrito en el Título IV del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de esa Secretaría de Estado.

ii. La imprecisión de que adolece el proyecto en estudio, también se refleja en el artículo 22, ya que en éste se dispone que la Superintendencia realizará los procesos destinados a sancionar las infracciones a la normativa que regula las subvenciones educacionales y que, sin embargo, corresponderá al Ministerio de Educación aplicar la medida que proceda, lo cual ocasiona una mayor incertidumbre en cuanto a la exactitud de las competencias de uno y otro organismo.

Ahora bien, si la intención es que sólo la Superintendencia que se crea posea competencia en materias tales como la anotada, sería necesario que, con el objeto de evitar futuras dificultades en la aplicación e interpretación de la normativa de que se trata, se deroguen expresamente las disposiciones, que respecto de ellas, le confieren potestades al Ministerio de Educación.

iii. Por otra parte, es dable consignar que en el artículo 32, no se precisa cuáles son las medidas que se pueden adoptar para asegurar la continuidad de la educación que se imparte en los establecimientos cuyo reconocimiento oficial se revoca, ni la duración de las mismas, como tampoco se precisa lo que ocurrirá con la subvención educacional que corresponda.

iv. Enseguida, es preciso anotar que en el N” 12 del artículo 3°, se señala que corresponderá a la Superintendencia “disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales”, lo que se encuentra en contradicción con lo prescrito en la letra g) del artículo 2° bis, que el artículo 60 agrega a la ley N° 18.956, ya que según esta nueva disposición, corresponderá al Ministerio de Educación “designar a un administrador provisional” en lo referidos establecimientos.

v. También resulta pertinente mencionar que en el proyecto en estudio no se precisan las facultades de que gozarán los referidos administradores provisionales, ni el plazo de su cometido en casos calificados, como tampoco se determinan las responsabilidades que a aquéllos les asistirían como consecuencia de su gestión.

vi. En el artículo 44 se confiere al Superintendente de Educación la calidad de “funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República”, en circunstancias que en el artículo 1°, inciso segundo, se dispone que la Superintendencia “estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública”, lo que implica que dicha autoridad sólo poseerá la calidad de empleado de la exclusiva confianza en lo que respecta a su remoción, tal como lo precisara la Contraloría General a través de su dictamen N° 3.586, de 2006.

En este sentido cabe recordar que, según lo establecido en el artículo 49, inciso final, de la ley N° 18.575, son funcionarios de la exclusiva confianza aquellos que se encuentran sujetos a la libre “designación y remoción” de la autoridad facultada para disponer su nombramiento.

vii. En este mismo orden de ideas, es oportuno manifestar que en la letra a) del artículo 52, se faculta al Superintendente para declarar la vacancia de un cargo “por necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio”, lo que no sólo vulnera la carrera funcionaría amparada en el artículo 38 de la Constitución Política, sino que, además, también transgrede lo prescrito en el artículo 46 de la ley N° 18.575, según el cual el personal de la Administración goza de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar por las causales que expresamente indica.

Así, pues, cumple la Contraloría General con informar a esa Honorable Corporación acerca del juicio que, en lo pertinente, le merece el Proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Educación.

Saluda atentamente a Ud.,

¿Qué es la suspensión condicional del procedimiento?

En Chile, en la etapa de investigación de un hecho delictuoso, el fiscal, con el acuerdo del imputado, puede solicitar al juez de cautela de garantías, o juez de garantía, que se suspenda el procedimiento contra el imputado. Esto, si y sólo si la pena máxima aplicable a la persona no supera los 3 años de cárcel, la persona no se hallaba sujeta a una suspensión condicional del procedimiento al momento de cometerse el hecho que se investigaba, y la persona no había sido condenada por otro delito.

¿Qué pasó?

Como parte de la “agenda corta contra la delincuencia”, en 2008 se estableció que en varios delitos tales como el robo, el secuestro a mano armada, la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, y otros más, la suspensión condicional del procedimiento, que involucra un trato más benigno y la posibilidad de escapar a la cárcel, tenía que ser autorizada por el Fiscal Regional. Esto parece bien a primera vista.

Sin embargo, la calificación de los agravantes y de los atenuantes en un delito, claramente, no se hace en la fase de investigación; se hace al momento de dictar sentencia definitiva, con todos los antecedentes. Por eso, el juez de garantía se debe atener a lo que dicen los tipos penales correspondientes. Esto trae como consecuencia que ni el robo, ni el secuestro, ni ninguno de los delitos mencionados caen dentro de la suspensión condicional del procedimiento, por el simple hecho de que tienen una pena máxima asignada superior a los 3 años de cárcel. ¿Cuáles son los únicos delitos que cumplen con los requisitos de tener una pena máxima de 3 años o menos y estar afectos a esta regla? Mi sorpresa fue mayúscula. Son sólo estos 4.

1. Conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves (pena máxima: 540 días)
2. Aborto consentido por la mujer que se lo realiza, pena para el cirujano abortista (pena máxima: 3 años)
3. Aborto de un niño concebido a través de una violación (aborto que se realiza para ocultar la deshonra de la mujer), pena para la mujer que se realiza el aborto (pena máxima: 3 años)
4. Sodomía, o relaciones homosexuales consentidas en donde uno de los intervinientes tiene menos de 18 años de edad (pena máxima: 3 años)

¿Por qué pusieron la violación, el robo a mano armada y otros delitos que de todas maneras no caben aquí? Para ocultar el hecho de que le va a ser más difícil a los homosexuales menores de edad y a las mujeres que se realizan un aborto escapar a la cárcel, ya que si el fiscal (con fundamentos) desea suspender el procedimiento contra ellos, deberá pedir autorización al Fiscal Regional.

Siga viendo el partido en el nuevo artículo 237 del Código Procesal Penal.

¡Goooooollll!

El copipegado que respeta los formatos HTML de WordPress desde un documento Word es cortesía de OpenOffice.org 3. Word no pudo hacer el trabajo.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

_________________________________

SANTIAGO, 2 de diciembre de 2008

MENSAJE Nº 1151-356/

A S.E. EL

PRESIDENTE

DE LA H.

CAMARA DE

DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que fortalece la educación pública.

ANTECEDENTES.

La educación pública está inscrita en la historia de Chile como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más libre, justa y equitativa. De las aulas de establecimientos públicos han egresado personalidades que han dado forma a nuestra identidad en todos los ámbitos de la vida nacional, desde Presidentes de la República, hasta figuras que han llevado a gran altura las artes, las humanidades, la ciencia y la vida cívica.

Nos sentimos orgullosos del patrimonio que nos ha legado la educación pública, gratuita, de excelencia, integradora, participativa, laica y pluralista. El inmenso aporte que la educación pública ha hecho al país se erige como referente ineludible a la hora de diseñar una política para su fortalecimiento.

Hoy existen distintos proyectos de ley en trámite que perfeccionan el marco regulatorio y la arquitectura del sector educativo. El presente proyecto de fortalecimiento de la educación pública forma parte coherente de estas reformas en marcha.

Así, en abril de 2007 se presentó a esta H. Cámara el proyecto de Ley General de Educación, que tiene por objeto establecer y explicitar los principios y fines de la educación, los deberes que al Estado le corresponden en esta materia, los derechos y obligaciones de los actores del proceso educativo y las disposiciones generales sobre los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, así como las normas que fijen el ordenamiento de un currículo nacional flexible, moderno, democrático y orientado a las necesidades del siglo XXI.

Asimismo, en julio de 2008 se presentó una indicación sustitutita al proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación, creando una Agencia de la Calidad, cuyo objeto es orientar al mejoramiento de la calidad de la educación y evaluar el cumplimiento de los estándares que de conformidad con la ley se establezcan. Además, se establece como objeto de la Superintendencia la fiscalización del uso de los recursos por parte de los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, y que éstos cumplan con la normativa educacional. Asimismo, la Superintendencia deberá proporcionar información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados y atenderá los reclamos y denuncias de éstos, estableciendo las sanciones que en cada caso corresponda.

En esta línea, estamos satisfechos de haber aprobado este año dos leyes que incrementan los recursos públicos, destinados al financiamiento de la educación de los niños, niñas y jóvenes del país. En un esfuerzo nacional sin precedentes, la ley N° 20.248 de Subvención Preferencial, por primera vez incorporó la diferenciación del financiamiento según las mayores necesidades de alumnos pertenecientes a familias más modestas, reconociendo el Estado que educar a un niño más pobre, resulta más caro. Asimismo, mediante ley N° 20.247, se aumentó la subvención educacional general en un 15%, para todos los niveles y modalidades educativas, y en un 10% adicional la subvención para la educación rural.

Nuestro Gobierno está realizando una reforma profunda que, más allá de propósitos declarados, manifiesta concretamente la prioridad que asignamos a la mejora de nuestra educación.

En este contexto, el presente proyecto viene a dar cumplimiento a un compromiso aún pendiente con la educación pública. Sus ideas matrices responden a nuestro convencimiento de que una educación pública de primer nivel es indispensable para que Chile sea una sociedad de oportunidades que garantice a todos sus habitantes el acceso a los frutos del desarrollo y el progreso del país. Estamos seguros que sin el rol decisivo del Estado en la educación no vamos a lograr avanzar en nuestro empeño de que sean los mejores, y no solamente los que más tienen, los que accedan a la educación superior.

Consistentemente, por una parte, este proyecto crea el Servicio Nacional de Educación, cuya función será ejecutar las políticas educativas y prestar apoyo técnico pedagógico a las escuelas y liceos del país. Esto persigue superar un diagnóstico que muestra una relación deficiente entre el Ministerio de Educación y el nivel local.

Asimismo, la creación del Servicio Nacional de Educación armoniza la organización interna del Ministerio de Educación con los principios de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en el sentido que asigna al primero la ejecución de las políticas, planes, programas y normas que establezca el Ministerio.

Por otra parte, este proyecto genera las condiciones para la creación de las Corporaciones Locales de Educación Pública, las que -comprometidas con el proceso de descentralización-, avanzan en la modernización del aparato público en el ámbito educativo.

De esta forma, como lo he planteado reiteradamente, con la reforma educacional en curso, estamos ampliando las oportunidades educativas, desde la más temprana infancia y a lo largo de la vida. Esta es la contribución del Estado: asegurar el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, logrando aprendizajes de calidad. Por eso, el acceso es esencial, pero también, cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades, queremos que ese acceso sea con calidad.

Hemos plateado la necesidad de avanzar en Chile hacia un Estado moderno que cuente con un eficiente, adecuado y equitativo Sistema de Protección Social, fundado en la noción de derechos sociales de las personas. Para nosotros, éste es un paso cualitativo, desde un Estado que brinda asistencia, a un Estado que asume la protección social como su sello.

Aspiramos a que los futuros gobiernos vayan ampliando este Sistema de Protección Social.

LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA ACTUALIDAD

La educación pública que prestan las municipalidades y corporaciones municipales, atiende a la mayoría de la población escolar más vulnerable. Esto de por sí representa desafíos mayores, a los que se une una serie de otros factores que debe enfrentar, entre los que se encuentran:

• Falta de atribuciones pedagógicas. Legalmente el Ministerio de Educación está a cargo del ámbito pedagógico, mientras que el municipio está a cargo del ámbito administrativo educacional. Esto se ha traducido en una falta de claridad respecto de quién es el responsable de los resultados educativos.

• Dificultades para administrar. Los municipios tienen dificultades para administrar adecuadamente el servicio educativo, pues enfrentan legislaciones diferenciadas respecto de los sostenedores particulares.

• Desigualdad de condiciones respecto de la educación particular. Dado que en la práctica la educación pública no puede seleccionar, la mayoría de los alumnos atendidos proviene de familias de menor capital cultural. Asimismo, en la educación pública la mayoría de los establecimientos no tiene financiamiento compartido, el que es bastante frecuente en los establecimientos particulares subvencionados.

• Dispersión de la población escolar. Mientras el 45% de la matrícula nacional es municipal, en el sector rural ésta aumenta a 72%.

Como consecuencia de lo anterior, se ha producido una pérdida de matrícula de la educación municipal durante los últimos años, especialmente en enseñanza básica. En efecto, entre 1981 y 2007 la participación del sector municipal disminuyó desde el 78% de la matrícula total al 45%.

LA NECESIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

Para nadie debe resultar aceptable que la calidad de la educación que reciban nuestros hijos e hijas se encuentre determinada por el nivel de ingresos que tenga su familia. Por ello, es deber del Estado velar por una educación pública de calidad y mantener una especial preocupación por ella, ya que permite garantizar la existencia de una oferta educativa inclusiva, gratuita y no discriminatoria.

La educación pública tiene en su centro la idea de que para cimentar la democracia y construir la cohesión social es necesario que los niños, niñas y jóvenes de diversas condiciones sociales, credos religiosos y visiones ideológicas, puedan ser educados en un mismo espacio pedagógico. Si la libertad de enseñanza permite una diversidad de proyectos educativos, la existencia de educación pública permite que la diversidad del país pueda ser educada bajo un proyecto educativo común.

En este sentido, la educación pública debe aportar decisivamente a la construcción y consolidación de la vida republicana. Siendo valiosa y necesaria, la educación privada tiene como límite el propio proyecto educativo de un grupo en particular, mientras que la educación pública tiene detrás de su proyecto educativo una visión del país que aspiramos construir.

Porque apoyamos un sistema mixto de educación que, por una parte, garantice el ejercicio pleno del derecho a una educación gratuita y sin discriminaciones y, por otra, valore la participación del sector privado como expresión de la libertad, riqueza y diversidad cultural, creemos esencial la existencia de una educación pública de calidad. Nuestra renovada preocupación por una educación pública de calidad y nuestra aspiración a privilegiarla, tiene que ver con que observamos que su existencia se encuentra en riesgo.

Esto no se ha quedado sólo en aspiraciones. Creemos indispensable que, junto a las reformas generales al sistema educativo antes señaladas, se aborden también los problemas que hoy afectan a la educación pública.

Fortalecer y mejorar la calidad de la educación pública es una necesidad del país y su desarrollo, así como una cuestión de justicia y equidad. Postulamos una educación pública que asegure a todos el derecho a una educación de calidad, laica, pluralista, gratuita, republicana, transparente, inclusiva y no selectiva y, que contribuya al fortalecimiento de las identidades nacional y local.

A la luz de lo expuesto, el presente proyecto de ley se inspira en los siguientes criterios:

• Operar descentralizadamente, en el marco de normas de carácter y validez nacional.

• Fortalecer la autonomía y responsabilidad de los sostenedores públicos, definiendo estándares nacionales sobre aprendizaje, desempeño de los sostenedores y sus escuelas y desempeño docente, y consecuencias asociadas.

• Radicar las competencias técnico pedagógicas y de supervisión de establecimientos, en los sostenedores públicos.

• Garantizar la profesionalización de los equipos técnicos de estas administraciones, a través de procesos rigurosos y transparentes de selección que trasciendan la gestión política.

• Asegurar la transparencia en la información y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y los resultados educativos de todos los sostenedores.

Para implementar estos criterios, el proyecto de ley crea el Servicio Nacional de Educación y las Corporaciones Locales de Educación Pública.

Estas reformas se enmarcan en el contexto de una nueva arquitectura del sistema educativo, estableciendo cinco órganos en la alta dirección del sector: el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad, el Servicio Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación, cada uno con roles y responsabilidades específicas y separadas, funcionales al sistema y debidamente coordinadas.

Así, el Ministerio es el responsable de diseñar la política educacional, proponer los estándares de desempeño y el currículum; el Servicio Nacional de Educación será responsable de brindar apoyo pedagógico a los sostenedores, ejecutar las políticas, planes y programas del Ministerio, realizar procesos de acreditación de instituciones de asistencia técnica y velar por el mejoramiento continuo de la calidad de la educación impartida por los sostenedores públicos; el Consejo es responsable de aprobar los estándares y el currículum; la Superintendencia es responsable de fiscalizar que los sostenedores y sus establecimientos cumplan con las leyes, requisitos, normativas y reglamentos, así como con los requisitos de operación de los establecimientos, dictaminando sanciones si lo amerita; y la Agencia de la Calidad es responsable de realizar una evaluación independiente y externa del aprendizaje de los alumnos y del desempeño de los establecimientos y sostenedores, informar a los padres y apoderados respecto de los logros de aprendizaje y validar los instrumentos de evaluación de los docentes.

Esta arquitectura implicará no sólo la creación de la Superintendencia y la Agencia de la Calidad, sino también el rediseño del Consejo y, necesariamente, la modernización, readecuación y fortalecimiento del Ministerio. El Ministerio, a través del Servicio, será ahora el que apoye prioritariamente a los sostenedores públicos. Ese es un cambio estructural en el actual ordenamiento jurídico y administrativo de la educación.

Al mismo tiempo, se crearán las Corporaciones Locales de Educación Pública, corporaciones de derecho público con dedicación exclusiva a la gestión de la educación en un territorio definido, que puede comprender una o más comunas. Serán autónomas, ágiles y flexibles. Dispondrán de personal técnicamente calificado para atender a los establecimientos educacionales a su cargo en los ámbitos técnico pedagógico y administrativo financiero, uniendo así en una sola entidad ambas funciones que son inadecuadamente separadas en el actual marco legal.

Estas corporaciones tendrán un Consejo Directivo que responderá a la ciudadanía, y un Director Ejecutivo seleccionado por métodos equivalentes a la Alta Dirección Pública, que responderá al Consejo Directivo. Las corporaciones tendrán financiamiento fiscal para desempeñar adecuadamente su rol directivo.

CONTENIDOS DEL PROYECTO.

1. Disposiciones generales y principios especiales para la educación pública.

Se establecen como principios especiales de la Educación Pública los de laicismo y libertad de conciencia; pluralismo; gratuidad; respeto a la diversidad cultural; compromiso con la democracia y la cultura cívica; transparencia; integración e inclusión; y, calidad.

Asimismo, se establecen ciertos deberes especiales para los sostenedores públicos, entre los que se cuentan: velar por la erradicación de cualquier forma de discriminación arbitraria en sus establecimientos; contribuir al desarrollo educativo local, a la valoración de las identidades específicas y al reconocimiento de las particularidades de los territorios que atienden; prestar una educación gratuita; cumplir con los estándares de calidad; y, propender a la inclusión de la población escolar en sus establecimientos.

El proyecto establece que los sostenedores públicos no podrán seleccionar a sus postulantes, salvo cuando existan más de éstos que matrículas disponibles o, excepcionalmente en enseñanza media, en el caso de establecimientos de educación pública reconocidos por su excelencia, en los cuales se podrá seleccionar, por medio de procesos transparentes, únicamente sobre la base del rendimiento académico de los postulantes

1. Corporaciones Locales de Educación Pública.

1. 1. 1. Creación de Corporaciones Locales de Educación Pública.

El Proyecto establece las condiciones para la creación de Corporaciones Locales de Educación Pública, que serán corporaciones de derecho público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El objeto único de las Corporaciones será prestar, a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educativo de conformidad a la ley, en los niveles y modalidades que corresponda.

1. 1. 1. Organización de las Corporaciones.

Las Corporaciones deberán contar con un Consejo Directivo, que será un órgano colegiado, de carácter resolutivo, y que tendrá a su cargo la dirección superior de la Corporación; y con un Director Ejecutivo, que tendrá a su cargo la gestión técnico-pedagógica y la administración de la Corporación.

1. 1. 1. Funciones de las Corporaciones

Las Corporaciones tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de los establecimientos de su dependencia que sean necesarios para la prestación del servicio educativo.

• Establecer las directrices técnico pedagógicas y administrativo financieras que deben seguir los establecimientos de su dependencia.

• Realizar la gestión financiera y aplicar mecanismos de control, así como rendir cuenta respecto de la prestación del servicio educativo.

• Realizar la supervisión pedagógica de los establecimientos de su dependencia con el objeto de fortalecer sus capacidades y autonomía técnico pedagógicas.

• Fomentar el trabajo colaborativo entre los establecimientos de su dependencia.

• Coordinar y articular la ejecución de los programas educativos y las acciones de los organismos reguladores del sistema, respecto de sus establecimientos.

1. 1. 1. Composición del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo de cada Corporación estará integrado por el o los alcaldes de las comunas en cuyo territorio operen, por dos personas designadas por el Ministerio de Educación, quienes deberán en cualquier caso estar en minoría dentro del Consejo. Asimismo, para efectos de cumplir con el principio de mayoría del Gobierno Local deberán integrar el consejo el número de concejales que señale el reglamento.

1. 1. 1. Funciones del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo tendrá a su cargo la dirección superior de la Corporación y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

• Establecer las normas generales que regulen la organización y el funcionamiento de la Corporación.

• Aprobar el proyecto de desarrollo institucional y el plan de trabajo anual de la Corporación.

• Aprobar el presupuesto de la Corporación.

• Aprobar la apertura, fusión o cierre de establecimientos.

• Nombrar y remover, al Director Ejecutivo de la Corporación de conformidad a normas que sean homologables a las que regulen los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública.

• Establecer las normas que regulen la organización y funcionamiento del Consejo.

• Aprobar la cuenta pública anual que rinda el Director Ejecutivo.

• Aprobar la propuesta de convenio que la Corporación suscriba con el Servicio Nacional de Educación.

• Rendir cuenta de la gestión de la Corporación en conformidad a la ley.

1. 1. 1. Director Ejecutivo

Las corporaciones contarán con un Director Ejecutivo seleccionado y removido por un sistema similar al de Alta Dirección Pública, que tendrá como principales funciones:

• Proponer al Consejo Directivo el proyecto de desarrollo institucional y el plan de trabajo anual de la Corporación.

• Contratar y poner término a las funciones del personal de conformidad con la normativa vigente.

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo, informándole periódicamente sobre ello, así como respecto de la marcha de la institución.

• Delegar en funcionarios de la Corporación, en particular en los directores de los establecimientos educacionales de su dependencia, las funciones y atribuciones que estime conveniente.

• Aprobar, a propuesta del director del establecimiento, el proyecto educativo de cada uno de los establecimientos de dependencia de la Corporación.

1. 1. 1. Personal y Financiamiento

El personal contratado para prestar sus servicios en las unidades de administración de la Corporación y que no ejerza funciones en los establecimientos educacionales que se rijan por estatutos especiales, se regirá por las normas del Código del Trabajo.

Cada Corporación tendrá financiamiento fiscal directo a través una contribución anual que se consignará en la Ley de Presupuestos del Sector Público, destinada a la gestión de la Corporación. Lo anterior es sin perjuicio de otros recursos que le asigne la ley, por ejemplo el caso de las subvenciones, que llegarán directamente a la Corporación, o los aportes voluntarios que las personas deseen otorgarles.

1. Servicio Nacional de Educación.

1. Creación de un Servicio Nacional de Educación.

El Proyecto establece la creación de un Servicio Nacional de Educación, como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. El Servicio estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882 y su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las direcciones regionales y provinciales.

1. Objeto del Servicio.

El objeto del servicio será prestar apoyo educativo a los sostenedores públicos y velar por el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo prestado por éstos. Igualmente, le corresponderá la ejecución de las políticas, planes y programas, elaborados por el Ministerio de Educación para los sostenedores que reciban subvención o aportes del Estado, así como también prestarles asesoría técnico pedagógica de conformidad a la ley.

El Servicio deberá ceñirse a las políticas diseñadas por el Ministerio de Educación.

1. Funciones del Servicio.

Este nuevo Servicio tendrá como principales funciones:

• Elaborar instrumentos, desarrollar estrategias e implementar programas de apoyo a los sostenedores públicos para el cumplimiento de los estándares de calidad, con el fin de que éstos propendan al mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo que brindan.

• Prestar por sí, o a través de terceros, en los casos que corresponda de conformidad a la normativa legal vigente, asistencia técnico pedagógica para los sostenedores que reciben subvención o aportes del Estado.

• Implementar los programas educativos elaborados por el Ministerio de Educación respecto los sostenedores educacionales que reciban subvención o aportes del Estado.

• Realizar procesos de acreditación de calidad de las instituciones de asistencia técnica externa y velar por la adecuada cobertura de la oferta de la misma en todo el territorio nacional.

1. Organización del Servicio y elevada idoneidad técnica de sus funcionarios.

La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo. El Director será un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública. En el artículo pertinente se establecen sus funciones y atribuciones.

El Director, con sujeción a la planta de personal y dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones específicas que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

1. Artículos transitorios y gradualidad en la implementación de esta reforma.

El proyecto contempla un período de transición de 5 años, contados desde que se dicten los reglamentos necesarios para la ejecución de la ley. En dicho período se faculta a las municipalidades para que, voluntariamente inicien el procedimiento para la creación de las Corporaciones Locales de Educación Pública. Transcurrido el plazo de 5 años, será obligatorio para las municipalidades iniciar el procedimiento.

La creación misma de las Corporaciones se dispondrá mediante uno o más Decretos con Fuerza de Ley.

Asimismo, los traspasos de los docentes a las respectivas Corporaciones no significarán, en ningún caso, un cambio en el régimen jurídico de éstos, que continuará siendo regulado por las normas que establece el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997, del Ministerio de Educación y por la ley 19.464, en su caso.

Para asegurar que los mejores funcionarios pasen a formar la dotación de personal del Servicio Nacional de Educación, se establece el sistema de concursos internos y externos de personal, de manera de que este Servicio cuente con el personal idóneo para la importante labor que la ley le encomienda.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Título I

Disposiciones generales y principios especiales para la educación pública.

Párrafo 1º

Disposiciones Generales.

Artículo 1º.- La presente ley establece principios especiales para la educación provista por sostenedores públicos; regula la creación de las Corporaciones Locales de Educación Pública; y crea el Servicio Nacional de Educación, en adelante “el Servicio”.

Artículo 2º.- Para todos los efectos legales, serán sostenedores públicos las Corporaciones que regula el Título II de esta ley.

Artículo 3°.- Los sostenedores públicos estarán sometidos a las reglas y principios que establezca la legislación que regule el sistema educacional, en especial, deberán velar por el respeto de los principios y fines de la Educación; y por los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa.

Los sostenedores públicos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, deberán velar y promover el respeto y cumplimiento de los principios especiales que la ley establezca para la educación pública.

Artículo 4°.- Son principios especiales de la Educación Pública:

a) Laicismo y libertad de conciencia. Comprende velar por el pleno reconocimiento de la libertad de conciencia, respeto de la diversidad cultural y la libre manifestación y ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.

b) Pluralismo. Implica reconocer la diversidad de doctrinas en materia política, económica, social y cultural, siempre en el contexto del respeto a los derechos humanos y la convivencia democrática.

c) Gratuidad. No podrá cobrar o percibir suma de dinero alguna por la prestación del servicio educativo, sin perjuicio del financiamiento estatal que le corresponda en conformidad a la ley.

d) Respeto a la diversidad cultural. Se deberá fomentar el valor de la tolerancia y el reconocimiento a las diferentes culturas que conviven en nuestro país.

e) Compromiso con la democracia y la cultura cívica. Significa velar, a lo largo del proceso educativo, por el respeto de los derechos humanos, la utilización de métodos pacíficos de resolución de conflictos, la convivencia democrática y el ejercicio de una ciudadanía responsable.

f) Transparencia. Se traduce en velar por el adecuado acceso a la información de todos los actores del sistema y comunidades educativas, en particular las familias que optan por la educación pública, así como también rendir cuenta pública respecto de su gestión y resultados en conformidad a la ley.

g) Integración e inclusión. Consiste en promover la integración armónica de todos los sectores de la población que sirva, velando porque se compensen las desigualdades derivadas de factores personales, sociales, económicos, culturales, étnicos, geográficos o de cualquier otra índole de los alumnos, respetando el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y de escoger libremente el establecimiento en que les educan.

h) Calidad. Significa velar por el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en conformidad a la ley.

Párrafo 2º

Deberes especiales de los Sostenedores Públicos

Artículo 5°.- Los sostenedores públicos deberán velar por el cumplimiento de los principios de la educación pública señalados en el artículo 4° de esta ley. Asimismo, deberán velar, especialmente, por la erradicación de cualquier forma de discriminación arbitraria en sus establecimientos educacionales. En consecuencia, los sostenedores públicos y sus establecimientos no podrán, en ningún caso, discriminar en razón de raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra circunstancia, económica o social de los postulantes o de sus padres, madres y/o apoderados.

Artículo 6°.- Los sostenedores públicos deberán contribuir al desarrollo educativo local, a la valoración de las identidades específicas y al reconocimiento de las particularidades de los territorios que atienden, de acuerdo a las características de su población, cultura y desarrollo social y económico.

Artículo 7°.- Los sostenedores públicos deberán prestar una educación gratuita. En consecuencia les está prohibido cobrar o percibir suma de dinero alguna por la prestación de los servicios educativos en ninguno de los establecimientos educacionales de su dependencia, sin perjuicio del financiamiento estatal que le corresponda en conformidad a la ley.

En especial, ningún sostenedor público podrá percibir derechos de matrícula o de escolaridad, sin perjuicio de los aportes voluntarios que los alumnos, padres y apoderados, deseen realizar a favor de los establecimientos educacionales, quedando totalmente excluido el cobro que se refiere el Título II del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.

Artículo 8°.- Los sostenedores públicos deberán cumplir con los estándares de calidad, y en especial, deberán cumplir con los estándares de aprendizaje de alumnos y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sostenedores, de los docentes y directivos que establezca el Ministerio de Educación de conformidad a la ley.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los sostenedores públicos estarán sometidos a procedimientos obligatorios de evaluación y autoevaluación, que medirán el desempeño de todo el personal y de todos los niveles organizativos que intervengan en la prestación del servicio educativo, con el objeto de velar por la calidad del mismo.

Artículo 9°.- Los sostenedores de educación pública y sus establecimientos no podrán seleccionar a sus postulantes, salvo:

a) En aquellos casos en que exista más postulantes que matrículas disponibles, los establecimientos de educación de su dependencia, podrán desarrollar procesos de selección transparentes, que cumplan con los criterios de prioridad establecidos en el reglamento que al efecto se dicte, tales como: existencia de hermanos matriculados en el mismo establecimiento, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de los padres o apoderados, u otro similar. Si la aplicación de los criterios de prioridad previstos no permite adjudicar todas las matrículas disponibles, la selección se hará por sorteo entre los postulantes conforme al procedimiento que establezca el mismo reglamento.

b) Excepcionalmente, y en Enseñanza Media, en el caso de establecimientos educacionales de su dependencia reconocidos por su excelencia según criterios que establecerá un reglamento dictado por el Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda, se podrán realizar procesos de selección basados únicamente en el desempeño académico de los postulantes.

Corresponderá a la autoridad administrativa encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, velar por el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores y, especialmente, por la transparencia en la realización de procesos de selección, en caso de que proceda su aplicación, pudiendo para ello hacer seguimiento a su desarrollo y recabar todos los antecedentes necesarios para tal objeto.

Artículo 10.- Los sostenedores públicos deberán propender a la inclusión de la población escolar en sus establecimientos. Asimismo, a través de la prestación del servicio educativo, deberán propender a la compensación de las desigualdades derivadas de factores personales, sociales, económicos, culturales, étnicos, geográficos o de cualquier otra índole.

Artículo 11.- En los establecimientos educacionales de dependencia de sostenedores públicos, el rendimiento académico del alumno no será causal para la cancelación o la no renovación de la matrícula, sin perjuicio de los límites de edad establecidos en la ley para el ingreso a la educación básica y media, y de las modalidades educativas especiales que se establezcan de conformidad a la ley.

Artículo 12.- Los sostenedores públicos deberán velar por la adecuada cobertura educacional en el territorio de su competencia, especialmente en aquellas zonas y territorios insuficientemente atendidos, así como también por una oferta educativa eficientemente distribuida que permita el acceso de aquellos alumnos que lo requieran.

Los sostenedores públicos deberán coordinarse entre sí para que el conjunto de los establecimientos públicos, cuenten con las matrículas adecuadas para la prestación del servicio educativo en los términos que señala la ley.

Título II

De las Corporaciones Locales de Educación Pública

Artículo 13.- Las Corporaciones Locales de Educación Pública, en adelante la “Corporación” o las “Corporaciones”, en su caso, serán corporaciones de derecho público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que operarán en el territorio de una comuna o agrupación de éstas, dentro de una misma región; a menos que se trate de comunas colindantes la una de la otra.

El objeto único de las Corporaciones será prestar, a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educativo de conformidad a la ley, en los niveles y modalidades que corresponda.

Las Corporaciones se regirán por las disposiciones de la presente ley y su reglamento, por las normas generales y reglamentos internos que dicte su Consejo. Su domicilio será el que se establezca en su respectiva reglamentación.

Para todos los efectos legales, las Corporaciones serán los sostenedores de los establecimientos educacionales de su dependencia y se regirán por las normas comunes a éstos.

Artículo 14.- Las Corporaciones Locales de Educación Pública estarán integradas a lo menos por:

a) Un Consejo Directivo, que será un órgano colegiado, de carácter resolutivo, y que tendrá a su cargo la dirección superior de la Corporación.

b) Un Director Ejecutivo, que tendrá a su cargo la gestión técnico-pedagógica y la administración de la Corporación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las normas de organización interna de la Corporación deberán considerar, a lo menos los establecimientos educacionales de su dependencia, en adelante también “establecimientos”, a través de los cuales presta el servicio educativo y, al menos, dos unidades que se ocuparán de la gestión educacional técnico pedagógica y de la gestión administrativo-financiera, respectivamente.

Artículo 15.- Las Corporaciones Locales de Educación Pública tendrán las siguientes funciones:

a) Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de los establecimientos de su dependencia, que sean necesarios para la prestación del servicio educativo.

b) Establecer las directrices técnico pedagógicas y administrativo financieras que deben seguir los establecimientos de su dependencia.

c) Realizar la gestión financiera y aplicar mecanismos de control, así como rendir cuenta respecto de la prestación del servicio educativo.

d) Realizar la supervisión pedagógica de los establecimientos de su dependencia con el objeto de fortalecer sus capacidades y autonomía técnico pedagógicas.

e) Fomentar el trabajo colaborativo entre los establecimientos de su dependencia.

f) Coordinar y articular la ejecución de los programas educativos y las acciones de los organismos reguladores del sistema, respecto de sus establecimientos.

Artículo 16.- Las Corporaciones Locales de Educación Pública tendrán las siguientes atribuciones:

a) Crear, fusionar o cerrar los establecimientos educacionales de su dependencia.

b) Establecer y administrar el presupuesto de la Corporación.

c) Organizar, dirigir, mantener y supervisar los establecimientos de su dependencia, así como dotarlos de los recursos, bienes y materiales que sean necesarios para la prestación del servicio educativo.

d) Establecer el proyecto de desarrollo institucional y el plan de trabajo anual de la Corporación.

e) Rendir cuenta de su gestión, de acuerdo a la normativa vigente.

f) Fomentar la participación e inclusión de padres, apoderados y miembros de la comunidad en los establecimientos.

g) Suscribir convenios con el Servicio Nacional de Educación.

h) Gestionar, coordinar, seleccionar y articular las alternativas de asistencia técnica externa y programas de apoyo a los establecimientos.

i) Elaborar y presentar ante las instancias correspondientes, proyectos de inversión educativa.

j) Suscribir convenios con otros organismos públicos y privados.

Sin perjuicio de lo anterior, las Corporaciones tendrán todas las demás atribuciones que le otorgue esta ley, sus reglamentos y su reglamento interno.

Artículo 17.- El Consejo Directivo de cada Corporación se establecerá conforme lo determine el reglamento y estará integrado por el o los alcaldes de las comunas en cuyo territorio opere y por dos personas designadas por el Ministerio de Educación, quienes deberán, en cualquier caso, estar en minoría dentro del Consejo.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, deberán integrar el Consejo Directivo el número de concejales que señale el reglamento.

El presidente del Consejo Directivo será elegido por el Consejo, y le corresponderá el voto dirimente en caso que exista empate en las votaciones respecto de asuntos de su competencia. El reglamento deberá establecer un mecanismo de rotación en el cargo, en caso de comprender la Corporación varias comunas.

El reglamento establecerá los requisitos que deberán cumplir los Consejeros que sean designados por el Ministerio de Educación, considerando al menos requisitos relativos a título profesional o grado académico, experiencia en materias de gestión y domicilio en la región en la cual se encuentra la respectiva Corporación. En ningún caso, estos consejeros podrán ser funcionarios de organismos regidos por el Título II de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Los miembros del Consejo Directivo que lo integren en virtud del cargo de elección popular que detentan, ejercerán el cargo mientras mantengan tal calidad, mientras que aquellos consejeros que sean designados por el Ministerio de Educación ejercerán el cargo por un período de cuatro años, pudiendo ser nombrados para períodos sucesivos.

Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 2,5 Unidades Tributarias Mensuales por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 2 sesiones por mes calendario.

Artículo 18.- Los consejeros deberán informar inmediatamente al Presidente del Consejo, quien deberá dar cuenta al Consejo, de todo hecho que les reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose de conocer del asunto.

Corresponderá al Consejo calificar, por la mayoría de sus integrantes, los hechos señalados en el inciso anterior, para efectos de disponer la prohibición respectiva para consejero que se inhabilitó.

Los consejeros que, estando inhabilitados, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo como miembros del Consejo, de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento, independientemente de la responsabilidad civil o penal que le corresponda.

Asimismo, estará prohibido a los consejeros:

a) Usar en beneficio propio o de terceros, la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón del cargo que se desempeña.

b) Hacer valer indebidamente su posición en la Corporación para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.

c) Emplear, bajo cualquier forma, bienes o personal de la Corporación, en provecho propio o de terceros, o para fines ajenos a la Corporación.

d) Solicitar, hacerse prometer, o aceptar, en razón del cargo, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza, regalos, invitaciones, viajes, prebendas u otro tipo de incentivos que pudieren recompensar o influir en una decisión de la Corporación.

Lo dispuesto en el inciso anterior, es sin perjuicio de las causales especiales que pueda contemplar el reglamento de la ley o las normas internas que al respecto defina el Consejo.

Artículo 19.- Los consejeros responderán de los perjuicios que causen por actos u omisiones dolosas o culposas ejecutados durante el período que desempeñen su cargo.

Los consejeros, o cualquier persona podrá denunciar ante la autoridades competentes cualquier hecho que demuestre mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de perseguir las sanciones que la ley establezca.

Artículo 20.- Los consejeros, dentro del plazo de treinta días desde que hubieren sido designados para integrar el Consejo, deberán efectuar una declaración jurada de intereses ante la autoridad administrativa encargada de la fiscalización del cumplimiento de la normativa educacional. Asimismo, dentro del mismo plazo, deberán presentar una declaración de patrimonio. Al cumplirse la mitad del período, así como cuando se produzca algún hecho relevante que las modifiquen, deberán actualizar dichas declaraciones.

El contenido de estas declaraciones será el establecido por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El secretario municipal de la comuna en cuyo territorio opere la Corporación que defina el Consejo Directivo, deberá custodiar estas declaraciones de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la información pública.

Artículo 21.- El Consejo Directivo tendrá a su cargo la dirección superior de la Corporación y le corresponderán las siguientes atribuciones:

a) Establecer las normas generales que regulen la organización y el funcionamiento de la Corporación.

b) Aprobar el proyecto de desarrollo institucional y el plan de trabajo anual de la Corporación.

c) Aprobar el presupuesto de la Corporación.

d) Aprobar la apertura, fusión o cierre de establecimientos dentro del territorio de su competencia.

e) Nombrar y remover al Director Ejecutivo de la Corporación de conformidad a normas que sean homologables a las que regulen los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública, las que se determinarán en el reglamento.

f) Aprobar los actos y contratos que de conformidad al reglamento de la ley, y a las normas internas que establezca el Consejo, el Director Ejecutivo deba someter a su decisión.

g) Establecer las normas que regulen la organización y funcionamiento del Consejo.

h) Aprobar la cuenta pública anual que rinda el Director Ejecutivo.

i) Aprobar la propuesta de convenio que la Corporación suscriba con el Servicio Nacional de Educación.

j) Rendir cuenta de la gestión de la Corporación en conformidad a la ley.

k) Emitir su opinión sobre todas las cuestiones que el Director Ejecutivo someta a su consideración.

Las atribuciones señaladas en las letras a), b), c), d) e i) se ejercerán previa propuesta del Director Ejecutivo sobre tales materias.

Las atribuciones señaladas en este artículo son sin perjuicio de aquéllas que establezca el reglamento.

Artículo 22.- Al Director Ejecutivo de la Corporación le corresponderá la gestión técnico pedagógica y la administración de la Corporación, y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Proponer al Consejo Directivo el proyecto de desarrollo institucional y el plan de trabajo anual de la Corporación.

b) Contratar y poner término a las funciones del personal de conformidad con la normativa que le es aplicable.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo, informándole periódicamente sobre ello y la marcha de la institución.

d) Participar en el Consejo Directivo con derecho a voz.

e) Delegar en funcionarios de la Corporación, así como en los directores de los establecimientos de su dependencia, las funciones y atribuciones que estime conveniente, en conformidad a la ley, previa aprobación del Consejo.

f) Aprobar, a propuesta del respectivo director del establecimiento, el proyecto educativo de cada uno de los establecimientos de dependencia de la Corporación.

g) Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses de la Corporación, salvo aquellas atribuciones que la ley reserva al Consejo, pudiendo al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención del objeto de la corporación, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado.

h) Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación.

Las atribuciones señaladas en el presente artículo son sin perjuicio de aquéllas que establezca el reglamento.

Artículo 23.- El personal contratado para prestar sus servicios en las unidades de administración de la Corporación y que no ejerza funciones en los establecimientos educacionales regidas por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación y por la ley N° 19.464, se regirá por las normas del Código del Trabajo.

En los contratos que suscriba el personal señalado en el inciso anterior se consignarán las normas de probidad y las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que les sean aplicables.

El personal docente y no docente de la Corporación que preste sus servicios en los establecimientos educacionales de su dependencia, estará sujeto a lo señalado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, y en la ley N° 19.464.

Artículo 24.- El patrimonio de cada Corporación de Educación Pública estará formado por:

a) Las subvenciones educacionales que perciba, en conformidad a la ley, por los establecimientos que administre;

b) Una contribución anual de cargo fiscal, que se incluirá en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, y cuyo monto será el que corresponde de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del presente artículo, para la gestión de la Corporación.

c) Los recursos y los bienes que los Gobiernos Regionales les transfieran.

d) Los recursos que reciba por concepto de la celebración de convenios con el Servicio Nacional de Educación.

e) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran a cualquier título.

f) Los frutos, rentas e intereses de los bienes que le pertenezcan.

g) Las donaciones y asignaciones gratuitas que reciba por cualquier causa.

h) Los aportes que reciban de las respectivas Municipalidades.

i) Todo otro ingreso, a cualquier título, que fijen leyes especiales.

La contribución anual a que se refiere la letra b) del inciso anterior será de 1,2 Unidades Tributarias Mensuales por alumno matriculado, la que será pagada en el mes de enero de cada año en su equivalente en pesos conforme al valor de la Unidad Tributaria Mensual de dicho mes. Para efectos de lo señalado anteriormente, se tomará en consideración el promedio mensual de la matrícula del año escolar anterior.

Artículo 25.- Las donaciones que se le hagan a una Corporación de Educación Pública, no requerirán del trámite de insinuación y estarán exentas de toda clase de impuesto, gravamen o pago que les afecten.

Las herencias deberán ser aceptadas con beneficio de inventario. Las asignaciones testamentarias que acepte estarán exentas de toda clase de impuesto, gravamen o pago que les afecten.

Título III

Del Servicio Nacional de Educación

Artículo 26.- Créase el Servicio Nacional de Educación, en adelante el “Servicio”, como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

El Servicio estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882 y su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de sus direcciones regionales y provinciales.

Artículo 27.- El objeto del Servicio será prestar apoyo educativo a los sostenedores públicos, de acuerdo con las funciones y atribuciones que le confiere la presente ley y velar por el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo prestado por éstos. Igualmente, le corresponderá la ejecución de las políticas, planes y programas definidos por el Ministerio de Educación para los sostenedores que reciban subvención o aportes del Estado, así como también prestarles asesoría técnico pedagógica de conformidad a la ley.

En el cumplimiento de su objeto, el Servicio deberá ceñirse a las políticas diseñadas por el Ministerio de Educación.

Artículo 28.- Serán funciones del Servicio:

a) Elaborar instrumentos, desarrollar estrategias e implementar programas de apoyo a los sostenedores públicos para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley, con el fin de que éstos propendan al mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo que brindan.

b) Prestar por sí, o a través de terceros, en los casos que corresponda de conformidad a la normativa legal vigente, asistencia técnico pedagógica para los sostenedores que reciben subvención o aportes del Estado.

c) Implementar los programas educativos elaborados por el Ministerio de Educación respecto de los sostenedores educacionales que reciban subvención o aportes del Estado.

d) Realizar procesos de acreditación de calidad de las instituciones de asistencia técnica externa y velar por la adecuada cobertura de la oferta de la misma en todo el territorio nacional.

Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio tendrá las siguientes atribuciones:

a) Celebrar convenios con los sostenedores públicos, destinados a mejorar la calidad de la educación que se imparte en sus establecimientos.

b) Diseñar instrumentos y ejecutar, por sí o a través de terceros, programas de apoyo educativo para los sostenedores públicos.

c) Diseñar instrumentos e implementar programas educativos, de acuerdo a las normas y políticas definidas por el Ministerio de Educación, que tengan incidencia sobre los establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado. Igualmente, implementar los programas de apoyo educativo que corresponda de conformidad a la ley, respecto de los sostenedores que reciban subvención o aportes del Estado y sus establecimientos.

d) Crear y administrar el Registro de instituciones de asistencia técnica externas.

e) Identificar y difundir las mejores prácticas en materias técnico pedagógicas y administrativo financieras entre los sostenedores.

f) Crear y administrar los registros y bases de datos que sean necesarios para ejercer sus funciones, así como también elaborar, por sí o a través de terceros, estudios en materias de su competencia.

g) Celebrar convenios con organismos públicos y privados relativos a materias de su competencia.

Artículo 30.- La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, en adelante “el Director”, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo. El Director será un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Corresponderá especialmente al Director:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Servicio y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior del Servicio.

b) Dictar las normas internas necesarias para el buen funcionamiento del Servicio.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

e) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de conformidad a la ley.

f) Contratar las labores operativas de asesoría técnico-pedagógica a terceros idóneos debidamente certificados conforme al reglamento respectivo.

g) Celebrar convenios con los sostenedores públicos respecto del desempeño y calidad del servicio educativo.

h) Representar judicial y extrajudicialmente al servicio.

i) Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

Artículo 31.- El Director, con sujeción a la planta de personal y dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones específicas que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

El personal a contrata del Servicio podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Director. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata del Servicio.

Artículo 32.- El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en materia de remuneraciones, a las normas del Decreto Ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Artículo 33.- El patrimonio del Servicio estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos otorgados por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título;

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

El Servicio estará sujeto a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado y sus disposiciones complementarias.

TÍTULO IV

DISPOSICIÓN FINAL.

Artículo 34.- Modifícase el artículo 65, del DFL N° 1, de 2006,del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el siguiente sentido:

1) Sustitúyase en la letra o), la expresión “, y”, por un punto y coma (“;”).

2) Reemplázase, en la letra p), el punto aparte (“.”), por la expresión “, y”.

3) Agrégase, a continuación de la letra p) de su inciso primero, el siguiente literal:

“q) Iniciar el procedimiento de creación de las Corporaciones Locales de Educación Pública.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- Las municipalidades, dentro de los 5 años siguientes la fecha de publicación del reglamento de la presente Ley, podrán iniciar el procedimiento de constitución de las Corporaciones Locales de Educación Pública que regula el Título II de la presente ley. Transcurrido el plazo señalado estarán obligadas a iniciarlo.

Un reglamento expedido a través del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma de los Ministros del Interior y de Hacienda, regulará el procedimiento a través del cual las municipalidades solicitarán la autorización al Ministerio del Interior para crear las respectivas Corporaciones. Asimismo, regulará los criterios para otorgarla y las formas para comprobar su cumplimiento, por parte del Ministerio de Educación. Para obtener esta autorización, determinará que los bienes muebles e inmuebles, de propiedad municipal, destinados a fines educacionales, serán entregados por los municipios a la Corporación respectiva, a título de comodato por el plazo de 99 años.

Las Corporaciones de Educación Pública serán creadas mediante un Decreto con Fuerza de Ley que será expedido por el Ministerio del Interior, y suscrito además por los Ministros de Educación y de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorio de la presente ley, en su caso.

Artículo segundo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde el 1° de enero de 2011, 1° de enero de 2012, 1° de enero de 2013, 1° de enero de 2014 y 1° de enero de 2015, mediante uno o más Decretos con Fuerza de Ley, expedidos a través del Ministerio del Interior, que deberán ser suscritos además por los Ministros de Educación y de Hacienda, disponga lo siguiente:

1) Autorizar la creación, a solicitud de las respectivas municipalidades, de un máximo de 70 Corporaciones Locales de Educación Pública en cada oportunidad de conformidad a lo dispuesto en la presente ley.

2) Establecer las condiciones que se requieran para incorporar a la Corporación el personal que le sea necesario y que a la fecha de su creación desempeñe funciones relacionadas con educación.

3) Fijar las normas necesarias para la puesta en marcha de las Corporaciones Locales de Educación Pública.

Artículo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde el 1° de enero de 2016, mediante uno o más Decretos con Fuerza de Ley, expedidos a través del Ministerio del Interior, que deberán ser suscritos además por los Ministros de Educación y de Hacienda, disponga lo siguiente:

1) Autorizar la creación de todas las demás Corporaciones que no se hayan creado dentro del plazo a que hace referencia el inciso segundo del artículo primero transitorio.

2) Establecer las condiciones que se requieran para incorporar a la Corporación el personal que le sea necesario y que a la fecha de su creación desempeñe funciones relacionadas con la educación.

3) Fijar las normas necesarias para la puesta en marcha de las Corporaciones Locales de Educación Pública.

Artículo cuarto transitorio.- Las Corporaciones que se creen en virtud de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorio, entrarán en vigencia a contar del 1° de enero del año siguiente al de la publicación en el Diario Oficial, del Decreto con Fuerza de Ley que dispone su creación.

Artículo quinto transitorio.- El Presidente de la República, dentro del plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de esta ley dictará, a través del Ministerio de Educación, el o los reglamentos necesarios para la ejecución de la presente ley, los que deberán ser suscritos además por el Ministro de Hacienda y, cuando corresponda, por el Ministro del Interior.

Artículo sexto transitorio.- Las disposiciones del Título segundo de la presente ley no se aplicarán a las municipalidades que, durante el plazo a que hace alusión el artículo primero transitorio no inicien el procedimiento de constitución de las Corporaciones Locales de Educación Pública, sin perjuicio de ser consideradas como sostenedores públicos para efectos de lo dispuesto en los Títulos I y III de la presente ley.

Artículo séptimo transitorio.- En tanto no rija un cambio de estructura curricular vigente a la fecha de publicación de la presente ley, los establecimientos públicos de enseñanza media que se refiere la letra b) del artículo 9 de la presente ley, podrán realizar procedimientos de selección basada sólo en el desempeño académico de los alumnos desde 7° año de educación básica.

Artículo octavo transitorio.- El traspaso de los profesionales de la educación y de los asistentes de la educación a las respectivas Corporaciones será sin solución de continuidad y no significará, en ningún caso, un cambio en el régimen jurídico de aquéllos, que continuará siendo regulado por las normas que establece el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación y la ley 19.464.

Artículo noveno transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante un Decreto con Fuerza de Ley expedido por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda, establezca las Direcciones Regionales y/o las Direcciones Provinciales, según corresponda, del Servicio Nacional de Educación definiendo sus potestades, funciones y el ámbito territorial que abarcará cada una de ellas.

Artículo décimo transitorio.- En las materias de su competencia, el Servicio Nacional de Educación se constituirá para todos los efectos en el sucesor legal de los Departamentos Provinciales de Educación, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a la precitada institución se entenderán hechas al Servicio Nacional de Educación, exceptuando aquellas materias que corresponden a la Unidad de Subvenciones a que se refiere la Partida 09 del Ministerio de Educación en su Programa 09.01.21 “Gestión de Subvención a Establecimientos Educacionales” regulada en la Ley N° 20.314, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo décimo noveno transitorio.

Artículo décimo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, fije las plantas de personal del Servicio Nacional de Educación.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas de personal que fije, el número de cargos por cada planta así como los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882 y en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, según corresponda. En el mismo acto, fijará la fecha de vigencia de la planta de personal y la dotación máxima de personal para el año.

Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República fijará las normas necesarias para la fijación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

Mediante igual procedimiento, el Presidente de la República determinará la fecha de vigencia de la planta que fije y del encasillamiento que practique y el inicio de funciones del Servicio Nacional de Educación.

Artículo décimo segundo transitorio.- La planta de personal del Servicio Nacional de Educación será provista mediante el traspaso, sin solución de continuidad, de personal desde el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, siguiendo el procedimiento que se establece en el inciso siguiente. Del mismo modo, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los cargos que no se provean de conformidad al procedimiento previsto en el inciso siguiente se llenarán mediante concurso público.

Conforme lo anterior, la Subsecretaría de Educación directamente o utilizando el procedimiento que establece por el artículo 23 del Estatuto Administrativo, llamará a un concurso abierto a los funcionarios de las instituciones enumeradas en el inciso anterior, sean de planta o a contrata, los que deberán cumplir los requisitos de los cargos concursados y estar calificados en listas 1 o 2 de distinción o buena, respectivamente. Los funcionarios a contrata deberán, además, haberse desempeñado en tal calidad a lo menos durante los dos años previos al concurso.

La Subsecretaría de Educación en forma previa, según la planta y sus requisitos, definirá, conjuntamente con el Director Nacional, los factores, subfactores, competencias y/o aptitudes específicas a considerar, pudiendo fijarse por cargos o grupo de cargos o funciones.

El concurso deberá seguir, a lo menos, las siguientes normas básicas:

a) En la convocatoria se especificarán los cargos, las funciones a desempeñar y la localidad en la que estará ubicada la vacante.

b) En un solo acto, se postulará a una o más de las plantas o escalafones del Servicio Nacional de Educación sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas, salvo que se postule sólo a determinadas localidades especificadas en la convocatoria.

c) La provisión de los cargos de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes.

d) En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme a los siguientes criterios: en primer término con el personal de planta, si quedaran vacantes se procederá con los funcionarios a contrata. De subsistir la igualdad se procederá conforme al resultado de la última calificación obtenida en la institución de origen. Por último, de mantenerse la igualdad se pronunciará el Director Nacional.

e) El traspaso regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone o de una fecha posterior si así éste lo estableciera.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte normas complementarias para el adecuado desarrollo del concurso, aplicando en lo que estime pertinente, los preceptos del decreto supremo N° 69 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Artículo décimo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, regule los cargos de planta que quedaren vacantes, en el o los servicios en virtud de la creación del Servicio Nacional de Educación. En el ejercicio de esta facultad, además, podrá establecer la disminución de la dotación máxima en los servicios antes mencionados.

Artículo décimo cuarto transitorio.- Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

Artículo décimo quinto transitorio.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribirse por el Ministro de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán al Servicio Nacional de Educación. El Director Nacional, requerirán de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el sólo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo sexto transitorio.- Los recursos para los efectos de la implementación del Servicio Nacional de Educación, serán provistos a partir de los presupuestos vigentes de los programas de la partida 09, capítulo 01 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. No obstante lo anterior, el mayor gasto que se derive de la aplicación de esta ley, será financiado con cargo al ítem 50-01-03 24-03-104, de la Partida Tesoro Público.

Artículo décimo séptimo transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Director Nacional del Servicio Nacional de Educación, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo décimo octavo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministro de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Educación, incluyendo sus glosas y los recursos que se le traspasen por efectos del artículo décimo transitorio y aquéllos asociados a las unidades cuyas funciones se transfieren por esta ley al Servicio Nacional de Educación.

Artículo décimo noveno transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar la organización del Ministerio de Educación con el objeto de adecuarla a las normas de esta ley. En dichas normas se procederá, además, a efectuar la adecuación de las plantas de personal que de dicha reorganización se deriven.

Artículo vigésimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, que además deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte las normas necesarias para modificar todos los cuerpos legales que sean pertinentes con el objeto de adecuarlos a las normas de la presente ley.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

MÓNICA JIMÉNEZ DE LA JARA

Ministra de Educación

ANDRÉS VELASCO BRAÑES

Ministro de Hacienda

EDMUNDO PÉREZ YOMA

Ministro del Interior

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Por Víctor Pérez Vera.
Rector, Universidad de Chile.

Diversas publicaciones han venido señalando que la gran mayoría de los líderes sociales, políticos y empresariales que tienen sobre 50 años se formaron en la educación pública, y muchos de ellos en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile; y que, en cambio, entre los menores de 40 años la gran mayoría se formó en un muy reducido grupo de colegios y universidades particulares.

Este cambio no es menor, pues tiene que ver con la pregunta acerca de cuáles son los ambientes en que hoy se están formando las futuras elites del país. Y cuando hablo de elite no me refiero únicamente a los cuadros dirigentes —aquellos que serán responsables de tomar decisiones que tienen impacto directo sobre la vida de la comunidad nacional—, sino también a quienes con su actividad intelectual y creadora van forjando nuevos modos de comprender y transformar la realidad, van abriendo nuevos espacios para la existencia individual y colectiva, y también a aquellos que con su iniciativa emprendedora aportan al crecimiento económico del país.

Esta pregunta es respondida día a día por nuestro sistema educativo, afectado de severas desregulaciones y de inequidades flagrantes, tanto en lo que concierne al acceso de la población como a las diferencias de calidad, que a menudo son abismales. Y esa respuesta cotidiana, que se ahonda progresivamente sin que se reflexione suficientemente acerca de lo que su profundización está incubando, hace caso omiso de todo punto de vista que reclame la definición de los ambientes en que las elites deben ser formadas si de verdad queremos tener un país más solidario, más justo, más equitativo, más sensible a las carencias, más abierto a la diversidad y libertad individual.

Es un cuadro, el de hoy, muy distinto al que construyó la república y estableció los contenidos de la identidad y la pertenencia histórica del pueblo chileno. En el pasado —que sigue haciéndose sentir, pero con clara pérdida de terreno— los estadistas, los políticos, los profesionales, los intelectuales y los artistas, y también un número no desdeñable de los principales agentes del crecimiento económico, se formaron en un ambiente de diversidad, de tolerancia, de respeto y libertad intelectual, un ambiente laico, ciertamente no exento de ideología, pero sin los sesgos excluyentes que muestran aquellos establecimientos e instituciones que se fundan en una visión de mundo particular.

Hoy, en cambio, vemos cómo muchas personas con potencial de liderazgo en las diversas áreas se forman en ambientes con poca o casi ninguna diversidad valorativa —y, en algunos casos, altamente sesgados—, muchas veces con un profundo desconocimiento de lo que sucede en el país real, y con una mirada que ve con temor la diversidad y que siente una sorda amenaza en lo que no cuadra con sus particulares concepciones de la sociedad, la cultura, la historia. Este esquema se consolida sin contrapeso, cerrando la puerta no sólo a las demandas e inquietudes del resto de la comunidad, sino también al potencial de innovación y de transformación que late en ella, y sobre todo, en nuestra juventud, la que día a día da muestras de que no se ve representada para nada con este esquema.

¿Qué podríamos esperar si las políticas públicas y el diseño de nuestro mismo modo de vida se entregaran sin reservas a elites que viven de espaldas a la realidad del país? ¿Cómo podríamos creer que tendrían efectiva sensibilidad con respecto a las escandalosas carencias y diferencias que aquejan a los menos favorecidos y a los marginados? ¿Cómo podrían entender lo que significa una democracia real, construida bajo la representación de todos en todos los ámbitos de la sociedad, lo que hace realidad la no exclusión, y que sólo se aprende a través de experiencias de vida expuestas a la diversidad y a la tolerancia, y como un proceso de adquisición lento y profundo de valores?

Buena parte de la clase dirigente progresista olvida que en la formación de las elites está en juego la definición del país futuro y la preservación de la democracia.

Chile necesita fortalecer decididamente su educación pública. El Estado debe asumir su responsabilidad esencial en este fortalecimiento, y entre él y sus instituciones deben establecerse las bases de sustentabilidad que proyecten la educación pública, de manera que las élites ahí formadas puedan responder con excelencia, innovación y sensibilidad social a los desafíos que plantea el siglo XXI.

]]> http://ernestomanriquez.wordpress.com/2008/12/07/la-formacion-de-las-futuras-elites-del-pais/feed/ 1 Ernesto Manríquez http://ernestomanriquez.wordpress.com/2008/12/02/ley-de-educacion-publica-avance/ http://ernestomanriquez.wordpress.com/2008/12/02/ley-de-educacion-publica-avance/#comments Tue, 02 Dec 2008 19:04:00 +0000 Ernesto Manríquez http://ernestomanriquez.wordpress.com/?p=79 ]]> Estimados lectores, disculpen por hacerlos esperar con artículos fuera del tema que nos ha ocupado, la educación. En vista y considerando de que mis duendes han fallado en conseguir el proyecto de Ley de Educación Pública, recién este Viernes podré colgarme de la página de proyectos de ley del Congreso Nacional y ver qué se está cocinando. Pero la prensa ya ha adelantado algunos detalles.

1. Se van a crear distritos escolares, territorios de alrededor de 15.000 personas cada uno, con corporaciones educacionales de Derecho Público a la cabeza. Estas corporaciones estarían dirigidas por representantes de las comunidades académicas, y los alcaldes tendrían participación.
2. Estas corporaciones estarían supervisadas por un Directorio con participación del Ministerio de Educación, nombrado por el Consejo de la Alta Gerencia Pública.

Lamentablemente, la información la tuvieron primero por la prensa. Pero el análisis profundo estará aquí, en energía:radical.

Actualización: Hoy Viernes Martes aún no tenemos texto del proyecto por el sistema del Congreso. Seguiremos esperando.

Esta, estimados, es la verdad de la Teletón. Y los números me parecen tremendamente razonables.