aLGE: Derechos de los estudiantes.

Publicado en junio 3, 2008

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Hoy quisiera detenerme en un capítulo interesante de la LGE, que son los deberes y derechos de algunos actores del proceso educativo. Esto, si bien tiene una escasa importancia aparente, es importante a la luz de dos puntos del petitorio nacional de los estudiantes, que son la triestamentalización de los colegios, y la consagración constitucional del derecho a la educación. Veamos por qué.

La LGE señala que los alumnos y alumnas tienen los siguientes derechos:

1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.

Esto que suena tan bonito, tiene que ser interpretado en la clave de la LGE. Una educación que “ofrezca oportunidades para la formación y el desarrollo integral”, es la educación que cumple con los siguientes requisitos de carácter objetivo.

  1. Ser concordante con los planes del nivel correspondiente, ya sea parvulario, básico, o medio, que se aprueban mediante una resolución del Ministerio de Educación, que es a su vez visada por el Consejo Nacional de Educación, creado por la LGE. Después haremos una explicación más profunda acerca de qué es el CNE.
  2. Basarse en un proyecto educativo, que es el presentado por el sostenedor al momento de presentar el proyecto de colegio al Ministerio de Educación, para su trámite y posterior reconocimiento oficial. Como dijéramos antes, la LGE no innova en esta materia, y se limita a recoger la categoría de colegio subvencionado contenida en otra ley, el DFL 2/1996 Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, para luego establecer requisitos adicionales referidos a este sostenedor.
  3. No tener una calidad excesivamente deficiente. La Superintendencia de Educación puede quitar el reconocimiento a un colegio (art. 50 LGE) por tener malos resultados (medidos antes por la Agencia de Calidad de la Educación) en forma reiterada, de lo que se desprende que la protección legal a este derecho va por ese lado.
  4. Ser impartida por un colegio que cumpla con los requisitos que se piden para su reconocimiento oficial. El mantenimiento de estos requisitos es fiscalizado por la Superintendencia de Educación.

Como se ve, la LGE nos da una definición de derecho a la educación, con variables objetivas, cuya concurrencia puede ser controlada por un ministro de la Corte de Apelaciones, o la Corte Suprema, en su caso. Es posible concebir dar cumplimiento a estos 4 puntos, para proceder a consagrar constitucionalmente el derecho a la educación, y ponerlo bajo el alero del recurso de protección, como piden los estudiantes.

En un artículo separado, analizaremos el recurso de protección educacional.

2. Recibir una atención adecuada en caso de tener necesidades académicas especiales, no ser discriminados arbitrariamente.

Estos son aspectos en los que la LGE innova con respecto de la LOCE, incorporando genuinas exigencias democráticas a los colegios que deseen ser reconocidos. La LGE exige que no exista selección académica entre el jardín infantil y sexto básico, que no se pueda expulsar a una mujer por embarazarse, o que no se pueda expulsar a un alumno por la morosidad de sus padres, sino hasta el término del año académico. Esto es importante.

La Superintendencia de Educación puede aplicar sanciones en estos casos, sanciones que alcanzan hasta las 50 U.T.M., y que pueden duplicarse en caso de reincidencia. 50 U.T.M., para que nos pongamos en perspectiva, son alrededor de $1.750.000, lo que es razonable, pero no suficiente para intimidar a algunos sostenedores. Las mismas sanciones corren para los sostenedores que no seleccionen mediante un procedimiento transparente a sus alumnos, o pidan antecedentes socioeconómicos de los estudiantes.

Sin embargo, no se fue lo suficientemente lejos, y con el texto actual de la LGE los fiscalizadores de la Superintendencia de Educación tendrían que recurrir a verdaderos malabares cuando, por ejemplo, se intente sancionar a un colegio católico por no admitir a un hijo de padres divorciados. El colegio católico podría escudarse en que esa discriminación forma parte de su proyecto académico, y el texto de la LGE tiene que ser más claro en evitar que eso siga pasando.

3. Estudiar en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo, no ser sujeto a tratos vejatorios o degradantes.

Finalmente se agregan estos derechos, que son muy importantes. La LGE hace suyas las leyes y tratados que condenan la violencia contra los niños, y no puedo sino estar de acuerdo con eso.

Palabras finales.

Finalmente, me parece un gran avance que bajo el marco jurídico de la LGE se puede sancionar, con hasta 50 U.T.M. de multa, a un colegio que prohíba los centros de alumnos (Artículo 15, en relación con artículo 16 del proyecto). Si bien esa no es la consecución de la tan deseada “triestamentalidad” sí es un paso importante para incrementar la participación de los estudiantes en las decisiones de los colegios. Sin embargo, no se contemplan requisitos sobre participación de los estudiantes, o de los padres, en las decisiones de los colegios, lo que perfectamente podría hacerse.

Quiero dar gracias a la gente del Observatorio de Políticas Educativas de Chile, por hacerme llegar el proyecto de reforma constitucional que crea el recurso de protección educacional. Será base del siguiente artículo.

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Posted in: Educación